Desde la oposición cuestionaron las nuevas restricciones de la etapa amarilla impuestas por el Gobierno para estos ocho días. Fue sobre un punto específicamente: la suspensión de la actividad presencial en la Administración Pública Provincial. Desde la perspectiva opositora, es injusta la medida ya que hay otros sectores que, pandemia mediante, continúan trabajando para conseguir recursos económicos mientras que los estatales tienen asegurados sus haberes. 

Fue la diputada opositora y presidenta del partido radical, Marita Colombo, quien cuestionó  las nuevas  disposiciones de suspender la actividad presencial en la Administración Pública Provincial, los entes autárquicos y organismos descentralizados.
Para la legisladora el cierre de la administración pública “se debe hacer conforme si hay o no casos”. En esta línea, dijo que es una medida que a su criterio es cuestionable y “muy cuestionable. Sucede que “mientras la gente que no tiene un sueldo público tiene que trabajar a pesar de la pandemia, los empleados públicos no”.

En ese contraste, la diputada evaluó que lo correcto en todo caso “sería que si hay cuestiones epidemiológicas que ameritan que un sector, una división, un ministerio, dirección, repartición se cierren se proceda en consecuencia”. Eso sí, acotó que en el caso de que se detecte un positivo de coronavirus en la administración pública “ocurrirá porque  no se respetan los protocolos de prevención”.

 “Así como trabaja el comercio, la gastronomía, los servicios o la industria dentro de las restricciones que tienen, debemos trabajar todos”, dijo en diálogo radial.

Colombo no dudó en calificar de injusta la medida que suspende la presencialidad de los trabajadores estatales. “No me parece justo, me parece muy injusto y máxime cuando le estamos restringiendo las fuentes de trabajo, a veces de manera excesiva, a sectores como el comercio, la industria y los servicios, entre otros”, subrayó. 

 En esta línea, insistió que esos sectores no solo continúan trabajando en la pandemia con las consecuencias propias de la misma, sino que además se les suma el pago de impuestos. “La voracidad impositiva tributaria del Estado no cesa”, señaló para acotar que si bien se aprobó la reducción del impuesto a la ganancias “que se había transformado en un impuesto al salario, los Estados provinciales siguen cobrando ingresos brutos a sectores que están de rodillas por la situación económica”.