En línea con la oposición nacional, los diputados locales del interbloque Juntos por el Cambio (UCR - PRO - NEO) enviaron una nota al gobernador Raúl Jalil solicitando que dé marcha atrás con el cierre de las aulas por la Etapa Roja de Convivencia. En este sentido, instaron al mandatario a dejar sin efecto lo dispuesto en el decreto emitido miércoles por la noche, que dispone la suspensión de las actividades presenciales en los establecimientos educativos.

Para los opositores, esta medida “resulta incongruente e irrazonable”. “La decisión que cuestionamos carece de fundamentos que se basen en análisis científicos, epidemiológicos o actuariales que se funden en datos procesados por algún comité interdisciplinario educativo-sanitario”, esgrimieron los diputados.

En esta línea, aseguraron que el Gobierno ni siquiera “ha esbozado ningún indicador demostrativo de que la actividad escolar presencial -en cumplimiento de los protocolos vigentes- incida de manera considerable en el aumento de casos positivos de Covid-19”.

Además, rescataron que el propio ministerio de Educación de la Nación “ha publicado indicadores que demostrarían lo opuesto y que se encuentra en sintonía con lo manifestado por la comunidad científica”.

“Sabemos que los efectos directos y colaterales que genera en los niños y niñas el cese de actividades escolares son de extrema gravedad en términos psíquico-físicos y de aprendizaje, lo que resulta a esta altura de las circunstancias inaceptable”, subrayaron los opositores.

Incluso deslizaron que es notorio “lo inequitativa que resulta la utilización de medios remotos y virtuales, habida cuenta la escasa conectividad con que cuentan muchos docentes, alumnos y regiones de nuestra provincia”.

En tanto, lamentaron “los escasos esfuerzos” realizados por el Gobierno a lo largo del año pasado “para refaccionar y acondicionar las instalaciones educativas para la nueva presencialidad y el mejoramiento de las condiciones de conectividad”. Por ello, también solicitaron que “en caso de identificarse algunos establecimientos cuyo funcionamiento -por circunstancias específicas- impliquen algún tipo de riesgo sanitario, se adopten medidas cuyo alcance se acote a ellos.

”Pedimos que en adelante, cualquier decisión que se adopte en el marco de las restricciones de circulación por la pandemia tenga en cuenta como eje medular la  priorización de la política pública, de la cual en mayor medida depende el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes: la política educativa”, concluyeron.