La Justicia continúa llevando a cabo diferentes acciones que permitan esclarecer y dar con los responsables de los hechos ocurridos el pasado sábado en el departamento Andalgalá, cuando una movilización antiminera terminó con el incendio de un inmueble de Agua Rica y daños en la sede del Frente de Todos.

De acuerdo a lo que se pudo conocer por parte de las fuentes consultadas, en la jornada de ayer se llevaron a cabo seis audiencias de Control de Detención ante el juez de Garantías, Rodolfo Cecenarro. En ellas, el juez dispuso que Aldo Flores y Sara Fernández, referentes de la Asamblea El Algarrobo, continúen detenidos, pero que la detención sea domiciliaria, mientras que para otros cuatro, dispuso que cumplan la detención en la comisaría.

Asimismo, se tiene previsto que en la jornada de hoy el juez Cecenarro concrete cinco audiencias de Control de Detención.
Cabe mencionar que aún falta determinar cuál será la situación del exdirector de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Andalgalá, Oscar Martiarene, dado que fue detenido en el marco de la misma investigación que realiza la fiscal Soledad Rodríguez.

En cuanto a la imputación que recaería entre los detenidos, por el momento, serían violación de domicilio, estrago y hurto, aunque no se descarta que a medida que la investigación avance y los ahora detenidos puedan responder por otra imputación.

Condiciones de los detenidos

Por pedido de las máximas autoridades provinciales, el secretario del Interior, Nicolás Verón; el director de Derechos Humanos, Hernán Velárdez Vaca; y el secretario de Seguridad, Martín Miranda, mantuvieron una entrevista con los detenidos en la ciudad de Andalgalá.

La visita de los funcionarios del ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y del ministerio de Seguridad se realizó para constatar las condiciones sanitarias y generales de las 12 personas que fueron detenidas luego de los incidentes en las sedes de la empresa minera Agua Rica y del Partido Justicialista.

“Nos pudimos entrevistar con los detenidos, poniéndonos a disposición de sus requerimientos. Nos manifestaron que no sufrieron malos tratos por parte del personal policial durante su alojamiento en la comisaría”, aseguró el director de Derechos Humanos de la Provincia.

Además, Velárdez Vaca dio a conocer que en razón a peticiones realizadas por los detenidos, los funcionarios enviados por el Ejecutivo arbitraron los medios necesarios para gestionar y brindarles con premura las condiciones sanitarias y edilicias solicitadas.
Posteriormente, los funcionarios se reunieron con la fiscal subrogante de la Segunda Circunscripción Judicial, Soledad Rodríguez, para verificar que los procedimientos se hayan realizado en el marco de las leyes, y ante la denuncia de malos tratos al momento de los allanamientos, solicitaron a la Justicia el cumplimiento de las garantías constitucionales en todo el proceso.
Luego, los representantes del Gobierno se reunieron con concejales y con el intendente Eduardo Córdoba y se pusieron a disposición para alcanzar una pacificación de la comunidad andalgalense en un marco de diálogo y respeto.

Militarización 

En la tarde de ayer, a través de las redes sociales se viralizaron fotos en las cuales se observaba vehículos militares recorriendo el departamento Andalgalá, situación que generó mucha preocupación por la militarización de la zona en medio del conflicto con antimineros.

Fue mediante Twitter que el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, desmintió tal situación y aclaró que “el personal militar que aparece en las fotos pertenece al RIM 15 de La Rioja. Van rumbo a Santa María, Catamarca, a replegar un radar y regresarlo a La Rioja. Pararon en Andalgalá en un kiosco a comprar agua y gaseosa. No está bueno descalificar sin información”.