Una semana de por más tensa se vivió en Andalgalá. A los incidentes registrados el pasado sá-bado, cuando una movilización pacífica de grupos antimineros terminó con daños en la empresa Agua Rica y en la sede del Partido Justicialista (PJ) en la Perla del Oeste, se sumaron los procedi-mientos policiales e intervención de la Justicia para dar con su-puestos autores de estos hechos. Ahora lo que se conoció es que el PJ se constituyó como quere-llante particular. Sobre este tema, el apoderado legal del PJ, Laurea-no Palacios, sostuvo que hicieron una presentación por los daños en la sede del peronismo andal-galense, por lo que deben trabajar para que esto no quede impune. Con esta constitución de quere-llante particular, el letrado confirmó que ahora podrán conocer los detalles de la causa. Asimismo, consideró que lo ocurrido “hay que verlo como un ataque a la

democracia, entiendo la confiictividad minera, pero creo que hay que poner un límite y el límite es no cometer delitos”. Al mismo tiempo, Palacios ma-nifestó que se hizo una presenta-ción “para que también se inves-tigue el accionar del intendente -por Eduardo Córdoba-, dado que es llamativo cómo se suscitaron los hechos”, según explicó, a partir de lo expresado por los testigos y las pruebas reunidas sobre “una posible zona liberada”. Desde las declaraciones del intendente se

suceden hechos y se “genera un caldo que termina desencadenando en estos delitos”, dijo. “El andalgalense no es violento, creo que se predispuso el esce-nario para que algunos violentos hagan uso de sus malas acciones”, puntualizó; para después consi-derar que el tema minero “necesita resolverse, necesita trabajarse, pero en los marcos de institucionalidad, estamos en el siglo XXI, estamos en un lugar en el que te-nemos que darnos cuenta que no podemos vivir sin saber que Catamarca es minera”. “Representar a la minería de manera violenta en el PJ no sola-mente es un descaro y un atropello a la democracia, creo que eso vinimos a hacer, un parate y a po-ner todo lo que haya que poner. Y si el Intendente fue cómplice, que pague, para eso está la Justicia, hará la investigación necesaria”, concluyó.

Defensa de los detenidos

José Furque, abogado de los detenidos por los incidentes en An-dalgalá, también se refirió a la si-tuación de sus clientes señalando que la situación de sus defendidos es que siguen detenidos tras la confirmación de la misma por parte del Juzgado de Garantías. Asimismo, adelantó que se pe-dirá la libertad de los detenidos, se plantearán nulidades, pero también se recusará a la fiscal Soledad Rodríguez, aunque no mencionó los motivos de tal recusación. Por otra parte, el letrado Juan Figueroa, también abogado defensor de los detenidos, se refirió a las quejas por la situación edilicia y de los sanitarios en los cuales se encuentran.•