Después de dos semanas, la Justicia liberó a un grupo de los manifestantes antimineros de Andalgalá, quienes continuarán siendo investigados sobre su participación en la movilización contra la explotación minera a cielo abierto que terminó con ataques mediante piedras y bombas molotov a las oficinas de Minera Agua Rica- Alumbrera (MARA) y la sede del Frente de Todos.
Ayer a la mañana, el abogado defensor de los ambientalistas, Juan Figueroa, presentó un escrito solicitando a la fiscal Marta Nieva un cambio en el monto de la fianza fijada previamente por $300 mil. El letrado, en el documento, explicó la imposibilidad de los imputados de afrontar el monto por su situación socioeconómica. La funcionaria judicial, tras incorporar las pruebas que acreditaban esa situación socioeconómica, emitió un nuevo dictamen bajando el monto a los $150 mil para todas las personas implicadas. 

Con la solidaridad de familiares y amigos de los antimineros pudieron salir del encierro ya que esos allegados presentaron recibos de haberes en pos de garantizar el monto de la caución. Eso sí, se les impuso una seria de restricciones a los imputados que seguirán vinculados a la causa judicial. 

Entre los condicionamientos a los antimineros que estuvieron detenidos se encuentra la prohibición de acercarse a las personas que los denunciaron. Además, no deben acercarse ni mantener contacto de ninguna forma (es decir, redes sociales o cara a cara) con los testigos vinculados directa o indirectamente. A estas medidas se le suma que no podrán ausentarse de sus domicilios sin autorización de Fiscalía y a la vez, deberán presentarse cada 10 días ante dicho estamento judicial para rubricar la comparecencia obligatoria.

Por su parte, la Asamblea El Algarrobo destacó que después de catorce días, habiéndose vencido los plazos “y ante la imposibilidad de encontrar pruebas para pedir la prisión preventiva”, la fiscal Marta Nieva firmó un decreto de liberación bajo caución primero por $300 mil y luego por $150 mil.

“Matías Paz, Walter “Ají” Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damián Abel recuperaron la libertad pero seguirán vinculados a las causas que les fueron armadas al igual que Aldo Flores, Sara Fernández y Ailen Diamante Saracho que se encuentran en sus domicilios”, detallaron. 

Además, la Asamblea sostuvo que “los incidentes en las oficinas de Agua Rica no fueron meros actos de vandalismo, como pretenden hacernos creer. Hay que inscribirlos dentro del contexto de lucha histórica de un pueblo que ya se ha cansado de decir no y que no lo escuchen”.