La semana pasada el Poder Ejecutivo avanzó con la iniciativa de expropiar el predio adonde se ubican las Termas de Fiambalá, motivo por el cual remitió y obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores el proyecto de ley sobre declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el mencionado inmueble. 

De acuerdo a lo dado a conocer, en el proyecto en cuestión, que lleva la firma del gobernador Jalil, se expresa que las tierras a expropiar serán destinadas a la puesta en valor y jerarquización del Complejo Termal y Turístico y el desarrollo de actividades de recreación, terapéuticas y de esparcimiento; además faculta al Estado Provincial a celebrar instrumentos legales para la transferencia con la comuna de Fiambalá, que conduce la intendenta Roxana Paulón.

Este proyecto tuvo, una vez más, cuestionamientos por parte de la diputada provincial y presidenta del Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), Juan Fernández. Mediante un comunicado de prensa, expresó que el proyecto de expropiación “no aclara nada al respecto, no dice en titularidad y poder de quién va a quedar, tampoco aclara el uso que se otorgará a las tierras, ni qué competencia va a tener el municipio sobre esas tierras y sus recursos”.

Además, la legisladora ataca sobre la cantidad de tierras a expropiar, ya que indagó sobre cuál es la finalidad de expropiar 1.200 hectáreas cuando el Complejo Termal no posee 80 hectáreas en toda su extensión, por lo que consideró que se debería aclarar este punto “atentos que esto tiene dueño y se entiende que hay que pagar por esas tierras”. 

Por ello, Fernández añade que esto es “otro paso más por consolidar una política de avasallamiento a los derechos territoriales, a la propiedad privada”, y que “no conforme con la sistemática concentración de los recursos de las regalías mineras e insaciable priorización por la obra pública, en vez de invertir en la defensa y proteger la vida de cientos de catamarqueños que fueron víctimas del Covid-19 o por no comprar más vacunas, tomógrafo u otros elementos prioritarios para la salud pública”.

Igualmente, refiere que el proyecto “es muy general” y una expropiación de utilidad pública “debe ser bien acreditada”. “Los presupuestos expuestos en la ley son muy vagos y poco puntuales, por lo que se convertiría en un intento del Gobierno entendido en sus dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) de sustraer de manera compulsiva y arbitraria parte de la propiedad privada de un ciudadano”, dijo.

Finalmente, la legisladora del radicalismo indicó que, una vez que este proyecto llegue a la cámara baja, deberá ser motivo de debate.