Envió a la Legislatura la iniciativa
El Gobierno reimpulsa el proyecto para la “Reforma del Estado”
El viernes envió la iniciativa a la cámara baja para que se incorpore a la remitida el año pasado.El Gobierno apunta a reflotar el debate por el proyecto que denominó Reforma del Estado. Sucede que el viernes pasado elevó a Diputados la iniciativa que el Consejo Político, Económico y Social (Copes) redactó junto a los sindicatos para que sea incorporada en su tratamiento con el proyecto que ya había enviado durante el 2020. Así, reabre el debate sobre la búsqueda de “alternativas que regulen la relación laboral entre el Estado y los trabajadores”.
El Gobierno, en la elevación de este segundo proyecto, recuerda que el año pasado el Consejo se abocó a la tarea y dispensando tiempo y esfuerzos elaboró la iniciativa. A la vez, le solicitan a la cámara baja que los integrantes del Copes puedan tener la posibilidad “de sumarse a la discusión en las Comisiones”.
Ahora bien, la iniciativa en cuestión apunta a que cada Poder y Organismo Estatal deberá “presentar, en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley, un plan de reorganización orgánica y funcional, con el claro objetivo de constituir una Administración al servicio del ciudadano”. Además, menciona que ese plan de reorganización orgánica y funcional “deberá definir en su totalidad, todos los niveles que componen su estructura, restringiendo al Personal de Gabinete al 5 por ciento del personal, de planta permanente”.
En otro punto, la Reforma pone un tope al nombramiento de familiares en los tres poderes del Estado. Para el caso, indica que “no podrá efectuarse la designación de personal, bajo cualquier cargo o modalidad de relación laboral, de quien tenga vinculo de parentesco tanto en línea recta como colateral, hasta el segundo grado inclusive, tanto de consanguinidad o de afinidad, con las Autoridades Superiores de los tres Poderes del Estado Provincial y/o del Tribunal de Cuentas en todo el Sector Publico Provincial”.
En este orden de ideas, también se incluye al tope de nombramientos “el cónyuge y la unión convivencial”. Eso sí, hay una excepción clara para los nombramientos de familiares: “No se aplicará en aquellos casos en los que mediaren procesos competitivos de selección de personal”.
Otro de los puntos que se incluyó en el nuevo proyecto fue el del traslado de personal a diferentes áreas, algo que movilizó a los sindicatos representantes de los trabajadores estatales. En este sentido y para zanjar diferencias, la iniciativa acordada entre el Copes y los sindicatos deja claramente establecido que “el personal permanente y no permanente, alcanzado por el régimen de estabilidad y que resulte afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, será reubicado en un nuevo organismo garantizándose la estabilidad del empleo, la incolumidad del salario, tanto en su nominalidad como su calidad, carrera y antigüedad laboral”.
Vinculado a la estabilidad laboral, el proyecto enviado a la Legislatura el viernes último propone que “los trabajadores de planta no permanente de la Administración Publica, con excepción del personal de gabinete, adquirirán estabilidad en el empleo de modo automático cuando transcurriere un periodo de seis meses de prestación de servicios efectivos y continuos”.
En cuanto a los funcionarios, se contempla que cumplan como mínimo el horario laboral del personal administrativo de acuerdo al organismo que corresponda. “El Personal de Gabinete o equivalente, deberá cumplir como mínimo una carga horaria semejante a la establecida para la Planta Administrativa del Poder u Organismo donde efectivamente preste servicio”, dice el proyecto.
Por otra parte, la iniciativa contempla la creación de un Observatorio de fiscalización y seguimiento de la Reforma. Éste estará integrado por un representante de cada poder del Estado, un representante por cada entidad con personería o inscripción gremial de trabajadores estatales, tres representantes que designe el Copes y uno por el Tribunal de Cuentas.
Prejubilaciones
En tanto, la iniciativa establece una licencia prejubilatoria a la que podrán acceder voluntariamente los agentes que cuenten como mínimo con 55 años de edad para los varones y 50 años de edad en el caso de las mujeres. A esto se le debe agregar un mínimo de 20 años de aportes al sistema previsional de Anses.
Esta licencia se otorgará en la medida que las necesidades de servicio lo permitan y se concederá por 120 meses como máximo previo a la fecha de notificación cursada por la patronal de encontrarse en condiciones de acceder al beneficio de la jubilación ordinaria.
Teletrabajo
Por otra parte, dentro del proyecto se dispone que los tres poderes del Estado deberán reglamentar en un plazo no mayor a los 90 días “el marco normativo que regirá las condiciones del trabajo a distancia y otras modalidades no presenciales que reemplacen la obligación de asistir al lugar de trabajo”.
Complementarias
Entre las disposiciones complementarias, se estipula que los cargos o puestos que quedaran vacantes “serán cubiertos únicamente por aquel trabajador que haya resultado ganador del proceso de compulsa”. Otra de esas disposiciones otorga a los trabajadores que hayan cumplido veinticinco 25 años de servicio el pago de cinco sueldos por única vez.
A todos ellos se les agrega un permiso para que el Ejecutivo celebre convenios con los Municipios “que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los trabajadores prevaleciendo en todo caso la mejor condición o situación de revista del trabajador”.