Teniendo en cuenta las últimas novedades conocidas sobre el caso que investiga la muerte de Sonia Liliana Garabedian, donde el juez de garantías Rodolfo Maidana desestimó una vez más el archivo de la causa, la diputada Adriana Díaz opinó que a 11 de años de sucedido el hecho “debe haber una resolución inmediata” por parte de la justicia.

Díaz explicó que desde el primer momento sigue el caso de la joven encontrada muerta  el 12 de diciembre del 2010. “No puedo hablar de todos los detalles de la causa pero sí señalar los tratados internacionales y constitucionales sobre derechos de las mujeres, que conozco y de los que soy consciente que obligan a que casos como éste sean atendidos con la debida diligencia y urgencia cumpliendo los tiempos procesales impuestos por la Corte de Derechos Humanos”, dijo.

“Sé que por esta causa pasaron al menos cinco fiscales y jueces que dieron diferentes puntos de vista  y que hubo una autopsia mal realizada e incompleta, según el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros peritos del Estado que actuaron luego y no pudieron avalar una muerte por inanición”, explicó.

“Pero, más allá de los detalles de la causa en sí, necesito hacer un llamado al cumplimiento de las responsabilidades que tomó el Estado Argentino en cuestiones de género y referirme a la revictimización de la madre de Liliana, una mujer de 75 años que pide justicia hace 11 años a la Justicia de Catamarca sin que se la escuche y se resuelva respetando sus garantías”, manifestó.

“Estamos hablando de una persona mayor, de una madre que perdió a su hija y que sólo quiere saber qué le pasó. La Justicia no puede, ni debe demorar 11 años para expedirse. Es inconcebible y anticonstitucional lo que se está haciendo. Es por esto que llamo a las autoridades y funcionarios que le competa esta obligación a dejar de violentar a esta mujer de manera sistemática como lo viene haciendo. Hay una evidente discriminación por parte de quienes deben dar respuestas de manera urgente y esto no puede permitirse”, resaltó.

En tanto, la legisladora señaló “Acá no sólo tenemos a una víctima, que fue la joven mujer de 37 años, sino que tenemos a otra, que es su madre y que el mismo Poder Judicial es el responsable de violentarla”.

“Los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino que imponen el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como la obligación de asegurar a todas las personas recursos judiciales sencillos y eficaces ante denuncias de violaciones a sus derechos, recae, además de en  Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal. Es por esto, que considero que en este caso se debe interferir y aplicar los llamados de atención que correspondan o que esté planteado para estos incumplimientos”, concluyó.