El presidente del Bloque “Unión Cívica Radical” de diputados provinciales, Víctor Luna expresó que el veto del Poder Ejecutivo Provincial a los cambios a la Ley Orgánica Municipal “no solo es un duro golpe que el gobierno le asesta a la larga y comprometida  lucha de las entidades intermedias, organizaciones y agrupaciones sociales a favor de una legislación orientada a la igualdad y perspectiva de género, sino que en el fondo esconde lo que no es otra cosa que una burda maniobra de protección y autoconservación”.

“Además –acotó-, en la opacidad de una gestión contradictoria y errática, constituye un menoscabo y falta de respeto a legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición que, en el consenso y el debate, trabajamos con seriedad y responsabilidad para una ley que fue aprobada casi por unanimidad, con apenas dos votos en contra”.

Para el legislador radical “es muy evidente que el leit motiv principal no es otro que garantizar impunidad, protección y supervivencia a encumbrados representantes de la alianza gobernante que, desempeñándose en cargos públicos, se encuentran seriamente comprometidos enfrentando actualmente causas judiciales”.

La ley provincial 5702, modificatoria de la 4640 Ley Orgánica Municipal y Régimen Comunal, fue sancionada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para cubrir un  vacío legal y regular la suspensión de intendentes o concejales en caso de ser condenados penalmente por delito doloso, o incurrir en desorden de conducta en ejercicio de sus funciones y/o inhabilidad física o moral grave sobreviniente.

Luna, aseveró que “el veto muestra, como ha sucedido otras tantas veces, el falso relato y doble discurso del gobierno, porque mientras públicamente promueve, acompaña y adhiere a los reclamos que en materia de género se han venido realizando desde diversos sectores de la sociedad, puertas adentro abona el terreno para que las especulaciones y conveniencias sectoriales o partidarias se impongan a los intereses generales en un claro y abierto retroceso en materia de amplitud de derechos”.

Desaire
Asimismo, evaluó que la medida del Poder Ejecutivo “desaira, descoloca y deja en una posición incómoda a la representación parlamentaria del mismo gobierno, sus propios legisladores que defendieron a capa y espada la iniciativa, conjuntamente con quienes desde la oposición hicimos los aportes necesarios, que derivó en la unificación de dos proyectos presentados desde ambas bancadas”.

Comentó que “convencidos que le estábamos entregando al Ejecutivo el instrumento para corregir el déficit en la legislación vigente, era impensable que todo el esfuerzo terminase en el veto del gobierno, que no desconocía los pormenores del tratamiento parlamentario de la ley y, sin embargo, con toda mala intención y en actitud premeditada no hicieron ninguna sugerencia, recomendación u objeción a los alcances de la iniciativa en debate”.

Sostuvo que “si la objeción se circunscribe al último párrafo del artículo 60° de la ley 4660, inherente al principio de inocencia, que de todos modos es materia de análisis jurídico más detenido y profundo como factor concomitante per se al desarrollo del propio proceso judicial en el que se encuentre incurso el involucrado, hubiera sido suficiente con el veto parcial, habiendo antecedentes legislativos en la materia”.

Luna, recordó que fueron los propios voceros parlamentarios del gobierno los que celebraron  y destacaron que “tras la sanción de esta nueva norma se va a contar con las herramientas para que haya una justicia real y eficiente, y que aquellos que cometieron delitos no puedan estar a cargo de un municipio, empero el Ejecutivo da marcha atrás, lo que se puede interpretar como un arrepentimiento tardío”.

“Cuando una ley cae antes de nacer es porque el margen de los detalles deliberados es propicio para frustrar las buenas intenciones de las ideas propositivas con finalidad reparadora”, cerró.