El Senado convirtió ayer en ley (asignándole el número 5.710) al proyecto impulsado por el Ejecutivo que promueve la inclusión laboral de personas víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades. 

Al momento de la sanción definitiva, el recinto contó con la presencia de Ivana Monferrán, quien es delegada nacional del Comité ejecutivo de lucha contra la trata y Ana María Contreras, presidenta de la ONG “No a la trata”.

La iniciativa para promocionar y garantizar el acceso al empleo a las víctimas rescatadas, se enmarca en compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales que imponen a los Estados parte impulsar una política de Estado para la prevención del delito, la persecución y sanción a sus autores y la protección y acompañamiento a las víctimas.

En su articulado esta ley, que tiene por objeto promocionar y garantizar el acceso al empleo de personas que han sido víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades, reconocidas por autoridad judicial o administrativa, prevé incentivo económico para las personas físicas o jurídicas que contraten como empleada/o a alguna de las personas alcanzadas por el beneficio de esta Ley, accediendo así al reintegro de las cargas sociales de cada empleado/a durante un período de un (1) año.
Al momento de los fundamentos, el senador por Valle Viejo, José Luis Martínez, remarcó que “la inclusión no puede y no debe, ser sólo una voluntad declarativa”.