En las horas cruciales para el pago de vencimientos al Fondo Monetario Internacional (FMI) del préstamo que recibió la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno recibió un respaldo que expresaron diez expresidentes iberoamericanos con una carta en la que reclamaron que el organismo flexibilice sus condiciones para acordar con el país.

La nota lleva las firmas de Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil); Fernando Lugo (Paraguay); Evo Morales (Bolivia); José Mujica (Uruguay); Ernesto Samper (Colombia); Rafael Correa (Ecuador); Manuel Zelaya (Honduras); José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Leonel Fernández (República Dominicana), además de la actual vicepresidenta peruana, Dina Boularte.

“Reclamamos la eliminación inmediata de los sobrecargos del préstamo y el otorgamiento de plazos que permitan un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales que sometan al pueblo argentino a condiciones de empobrecimiento”, indicaron en la carta los expresidentes, que tuvieron también el acompañamiento de excancilleres como el brasileño Celso Amorim y de dirigentes como la senadora uruguaya y esposa de Mujica, Lucía Topolansky. La nota se titula “El FMI debe asumir su responsabilidad” y le atribuye al organismo que actualmente conduce Kristalina Georgieva haber buscado beneficiar electoramente a Mauricio Macri y la coalición de Cambiemos con el préstamo otorgado en 2018.

“Los abajo firmantes solicitamos que el Fondo Monetario Internacional asuma la responsabilidad de haber otorgado el crédito récord al gobierno de Mauricio Macri de US$45.000 millones a devolver en un tiempo absolutamente imposible de cumplir, con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones”, se remarcó en las líneas iniciales de la nota.
Lula, Morales, Rousseff, Mujica y el resto de los exmandatarios firmantes, apelaron a dichos del papa Francisco en su argumentación contra el FMI: “Destacamos las palabras del papa Francisco, quien declaró que ‘los mercados deben estar respaldados por leyes y regulaciones que aseguren que contribuyen al bien común, garantizando que las finanzas, en lugar de ser meramente especulativas, funcionen para los objetivos sociales que tanto se necesitan durante la actual emergencia sanitaria mundial’”.

La nota fue impulsada por el Grupo Hermandad, un conglomerado que tiene como referentes a Lugo y a los legisladores Eduardo Valdés (diputado nacional) y Oscar Laborde (legislador del Parlasur). “En un escenario político latinoamericano propicio para los proyectos del campo popular y en defensa de la Patria Grande, promover una política económica más humanista es bregar por un modelo de vida más distributivo e inclusivo, que piense y actúe pensando en los hombres y mujeres comunes y cuestionar la concentración de la mitad de la riqueza mundial por una pequeña minoría de la población”, concluye el escrito.