La diputada Verónica Mercado, presentó un proyecto para sancionar a funcionarios y empleados que administran fondos públicos los utilicen para hacer propaganda política usando, por ejemplo, sus nombres, apodos u otro signo particular y personal en vehículos oficiales, playones deportivos, maquinarias viales y hasta en la indumentaria del personal estatal.

El proyecto trata de evitar esta clase de abusos garantizando el “principio de  neutralidad en todos los estamentos de la administración pública provincial centralizada, descentralizada y entidades autónomas, prohibiendo el culto a la personalidad y asegurando  la paridad de armas para la pacífica, equitativa y leal competencia electoral entre fuerzas políticas”, señaló la legisladora.

“Podemos ver día a día como algunos/as funcionarios/as imprimen su nombre propio o apodo a la folletería o bienes institucionales de la repartición cuya administración les ha sido conferida, convirtiendo a los bienes del pueblo en herramientas de propaganda política personalista, atravesando todos los límites de la ética pública”, agregó.

La idea apunta a quienes revistan la calidad de empleados o funcionarios públicos, cualquiera sea su rango o forma de designación y que tengan bajo la órbita de su influencia recursos humanos, económicos, financieros o logísticos de dominio público o privado del Estado, como también dependencias, reparticiones y oficinas públicas.

En uno de los artículos, el proyecto expresa: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los distintos órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional, neutral e informativo. En ningún caso esta propaganda podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de funcionario/a público alguno o generación de impresión negativa contra persona u organización determinada”.

En sus fundamentos, el proyecto destaca que “actualmente es común ver el nombre de una autoridad destacándose en los carteles de anuncio por encima de la obra inaugurada, la utilización de recursos humanos para la realización de campañas electorales, el uso indiscriminado de la pauta oficial de forma tendenciosa y alusiva a una determinada personalidad, la participación en actos públicos de respaldo personal, la utilización de bienes tanto del dominio público como del dominio privado del estado durante períodos de campaña y gestiones, insignias y apodos de funcionarios y funcionarias en los bienes públicos, entre otros ejemplos que se pueden citar y que ilustran la imperiosa necesidad de establecer un marco regulatorio que erradique esas prácticas de culto personalista”.

Entre las sanciones que se proponen van desde la  “destitución mediante juicio político por mal desempeño y/o comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, hasta la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, por un plazo que irá desde los 5 años hasta los 10 años, conforme la gravedad de la infracción, más sanción pecuniaria proporcional al movimiento económico involucrado en el acto reputado antijurídico”.

Quien no cumpliera con lo que se propone en el proyecto quedará, asimismo, “inserto en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, conforme lo establecido por el Código Penal”.