Luego de un comunicado realizado por el Colegio de Escribanos realizado la semana pasada, donde advertían a la Corte de Justicia sobre posibles irregularidades en los procedimientos ejecutados por los jueces provinciales en el marco de una denuncia que involucraría a una escribanía local. Al respecto, el abogado querellante en la causa “Adhemar Capital”, Diego Figueroa manifestó “no conocer los términos y alcances del escrito”. No obstante refirió una profunda preocupación y adujo que la institución que regula la actividad notarial, no está para solicitar tácitamente, se persiga y adoctrine a magistrados del poder judicial. 

Además, añadió: “Lo que si resulta llamativo y es lamentable este actuar corporativo de la institución ante la denuncia efectuada en contra de la escribana Córdoba Gandini, que a estas horas no tiene nada resuelto y por lo cual presenté un segundo pronto despacho a casi dos meses de la denuncia”.

"Que ante la toma de conocimiento de una denuncia por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la conducta del notariado mantengan esto congelado y a la comunidad desprotegida ante eventuales maniobras que pudieren ocasionar daños a la misma reviste una gravedad institucional,  mas cuando llaman a los jueces a cumplir las leyes y omiten que la Ley Nº 3.843 y el decreto 2760/86 son de orden público e independientes de las cuestiones procesales a que se enfrente la notaria”, lamentó Figueroa.

En este sentido, aclaró que “lo cierto es que mas allá de las consecuencias penales de la denuncia efectuada en sede federal y provincial. La escribana habría violado la norma mencionada en sus artículos 4, 5 y ss en la que se le prohíbe al escribano realizar comercio o banca. Si a ello se le  suma el supuesto mal desempeño en sus funciones profesionales como lo son las actas en blanco, las cesiones de derechos, de compra y venta y transaccionales celebradas de manera sucesiva entre el 17 y 18 de febrero de este año cuando Bacchiani ya había entrado en cesación de pagos” cuestionó el querellante.

Por último, consultado sobre el origen de esa prueba, Figueroa manifestó que “la misma fue aportada por la propia escribana a pedido de la instrucción por lo cual le sorprende las manifestaciones del presidente del colegio al que incluso tiene entendido que participo del allanamiento”. "La justicia es un poder del estado y la colegiatura que rige el notariado no puede pretender condicionarla" finalizó.