En la cámara baja de la legislatura tomó estado parlamentario un proyecto de Verónica Mercado que apunta ponerle frenos a las y los funcionarios -en su más amplio concepto- imprimir sus nombres u apodo en obras, folletería o bienes del Estado como propaganda política. La propuesta a la vez incluye una serie de sanciones para quienes promocionen “su propia imagen, figura, ideas, personalidad, la de su gestión, carrera, trayectoria, eventual candidatura electoral o cualquier otra característica relevante”.
El objetivo del proyecto, de acuerdo a lo que expresa la diputada oficialista, es “garantizar el principio de neutralidad en todos los departamentos de la administración pública provincial centralizada, descentralizada y entidades autónomas, como así también la prohibición del culto a la personalidad en su seno y la paridad de armas para la pacífica, leal y equitativa competencia electoral entre fuerzas políticas”. En este sentido, el proyecto remarca que en la realidad “son innumerables los ejemplos en los cuales, los recursos pertenecientes a la administración pública son utilizados sin reservas para fines partidarios, políticos y personales de aquellos funcionarios y/o funcionarias públicos/as que detentan el poder”. 

Un ejemplo de lo que busca ponerle freno la legisladora sería lo que sucede con algunos jefes comunales que identifican su gestión imprimiendo su nombre en eventos o en vehículos del parque automotor. La propia iniciativa menciona que es común “ver el nombre de una autoridad destacándose en los carteles de anuncio por encima de la obra inaugurada, la utilización de recursos humanos para la realización de campañas electorales, el uso indiscriminado de la pauta oficial de forma tendenciosa y alusiva a una determinada personalidad, la participación en actos públicos de respaldo personal y la utilización de bienes tanto del dominio público como del dominio privado del Estado durante períodos de campaña y gestiones”, entre otros. 

Con esos ejemplos, Mercado indica que es necesario “establecer un marco regulatorio que erradique esas prácticas de culto personalista”. “Podemos ver día a día como algunos/as funcionarios/as imprimen su nombre propio o apodo a la folletería o bienes institucionales de la repartición cuya administración les ha sido conferida, convirtiendo a los bienes del pueblo en herramientas de propaganda política personalista”, puntualiza la diputada.

Así las cosas, propone prohibir a toda persona funcionaria “utilizar la autoridad de sus cargos para servir intereses de determinados candidatos en el proceso electoral o de las organizaciones que los postulen”. A la vez, veda el uso de recursos o bienes de dominio público o privado del Estado, de modo tal que resulte ostensible la finalidad, sea expresa o subliminal, de promoción de su propia imagen, figura, ideas, personalidad, la de su gestión, carrera, trayectoria, eventual candidatura electoral o cualquier otra característica relevante”.

Además, dentro de los impedimentos, se incluye el de “inscribir en bienes de dominio público o privado del Estado, cualquier modo de publicidad, señalización e información de carácter permanente y/o transitorio, de la imagen, el nombre propio, apodo, denominación, cargo, o cualquier otro signo distintivo de identificación personal, de funcionario/a público”.

Sanciones 
El proyecto también contempla sanciones en caso de incumplir con esas pautas generales. En el caso de violar la propuesta de ley, será “causal de destitución mediante juicio político por mal desempeño y/o comisión de delitos en el ejercicio de la función pública”. A esto se suma que “la o el funcionario público que viole cualquiera de las prohibiciones establecidas será reprimido con pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, por un plazo desde los 5 años hasta los 10 años, conforme la gravedad de la infracción”.
A la par de esas sanciones, contempla que la persona que viole la normativa quedará inserta “en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.