Una vez aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores la ley 5.777 que creaba en sede administrativa la “prestación alimentaria básica parental”, de la diputada del Frente de Todos (FDT) y presidenta de la cámara baja, Cecilia Guerrero, el mismo fue enviado al Poder Ejecutivo a los fines de que se promulgue o se vete y, sorpresivamente, lo que sucedió fue el veto de la ley.
Conocido el veto, Guerrero utilizó Facebook a los fines de referirse a esta situación por la cual se creaba esta prestación, lamentando dicha decisión  “especialmente porque de los fundamentos vertidos en el decreto emerge que la Asesoría General de Gobierno, cuyo dictamen cita en los considerandos, ha colocado al derecho de propiedad del progenitor incumplidor alimentario por sobre el interés superior del niño, niña o adolescente, y especialmente por encima de su derecho humano a recibir alimentos, que tiene jerarquía constitucional”.

“Lamentamos la analogía que esgrime el PEP de la ley 5.777 con la ley que habilita a los agentes fiscales de la AFIP a embargar a sus ejecutados sin intervención judicial. Obviamente, la Asesoría General de Gobierno no ha leído, ni someramente, los fundamentos del proyecto que fue convertido -por unanimidad de ambas Cámaras del Poder Legislativo- en la ley 5.777 ahora vetada totalmente”.

En otro tramo, explica que el texto normativo no avanza sobre las facultades del Poder Judicial, simplemente establece un sistema administrativo “para garantizarles a las niñeces el acceso a su derecho alimentario”.

“Con el veto, se consagra la indefensión de las infancias y el estado de vulnerabilidad en lo relacionado con los alimentos debidos por el progenitor no conviviente, hasta tanto la Justicia se expida. Lamentable jurídicamente y muy triste desde la perspectiva de los derechos de las niñeces, que son derechos humanos”, destaca.
Finalmente, sostiene: “Seguiremos trabajando por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y por el respeto de los derechos de las mujeres, a pesar de los vetos que atrasan y convalidan en el Estado, un sistema patriarcal y machista que conculca derechos y dignidades y engendra violencias”.