“Estamos próximos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida en el país, por lo que nada justifica el  mantenimiento de normas jurídicas que institucionalizan la persecución y estigmatización”. Ese es parte del fundamento de una iniciativa presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (Frente de Todos) para derogar un inciso de la Ley Orgánica de la Policía (puntualmente el B, del artículo 8 del Decreto Ley 4663) que habilita a las fuerza a arrestar a personas para conocer sus antecedentes y medios de vida. Precisamente ese inciso es el que la legisladora oficialista busca eliminar para terminar una situación que, en los hechos, “penaliza la portación de rostro, vestimenta, color de piel, barrio en el que habitan”.
El proyecto de normativa de la titular de la cámara baja establece que la policía provincial “no podrá, en ningún caso, detener, arrestar, aprehender o demorar a ninguna persona por causa de averiguación de antecedentes, de domicilio o de medios de vida, o cuando se nieguen a identificarse”. Además, dispone que “en todos los casos, deberá actuar por orden expresa de autoridad judicial competente, salvo los supuestos de flagrancia o de fuga de persona que se encontrare legalmente detenida, en cuyo caso el arresto deberá comunicarse en forma inmediata a la autoridad judicial que correspondiere”.

Guerrero, en la fundamentación del proyecto, recuerda antecedentes normativos y señala que en 1955, la dictadura autodenominada Revolución Libertadora dicta la ley orgánica de la Policía Federal, incorporando la detención por averiguación de identidad por primera vez en la Argentina. Observa que “por lo general, los miembros de las fuerzas de seguridad argumentan que dicha atribución constituiría una herramienta indispensable para prevenir la comisión de delitos”.

Además, la diputada sostiene que la atribución del inciso B “resulta conculcatoria de la previsión establecida” en la Ley de Seguridad Pública. Es que la normativa sancionada en el 2014 establece que el personal de la Policía provincial “no está facultado para privar de su libertad a las personas, salvo que durante el desempeño de actividades preventivas o conjurativas se deba proceder a la aprehensión de aquella persona que fuera sorprendida en la comisión de un delito o contravención”. Pese a lo previsto en esa ley, Guerrero señala que “la Policía de la Provincia ha continuado ejerciendo dicha atribución”. Incluso, indica que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial “no contienen ninguna norma que exija la necesidad de circular con portación del documento de identidad”.

“Estos usos y costumbres de algunos integrantes de la Policía han sido utilizados como instrumentos para la persecución de adolescentes y jóvenes, por lo general, que pertenecen a los sectores más humildes de la ciudadanía, y que resultan estigmatizados por portación de rostro o por portación de pobreza”, evalúa la legisladora, y acota que “forman parte de una rutina basada en el principio de ‘sospecha’ que resulta absolutamente subjetivo y se encuentra totalmente alejado de los principios objetivos que deben imprimir el accionar policial”.

“Esa discrecionalidad, la mayoría de las veces, es arbitrariedad, alejada por completo de los principios de legalidad, razonabilidad y racionalidad que deben regir las conductas de los miembros de la Policía, y conduce a estereotipar ilegítimamente a las personas que no encajan en la construcción meramente subjetiva de las ‘personas de bien’”, cuestiona en el proyecto.
Así las cosas, Guerrero remarca que con la derogación “no se estaría afectando de ningún modo la función de prevención del delito asignada a la Policía, porque la misma no puede ni debe realizarse en desmedro de los derechos y garantías constitucionales de las personas”. “Por el contrario, la mejor prevención será aquella que garantice el efectivo ejercicio y goce de los derechos humanos, y a tales fines debe acotarse el margen de discrecionalidad en el accionar policial, porque así se evitaría la configuración de situaciones de arbitrariedad que muchas veces lesionan la vida e integridad de las personas”, cierra.