Salvo unas chicanas, no hubo diferencias sustanciales entre el oficialismo y la oposición ayer en la Cámara de Diputados cuando el pleno del cuerpo presente en el recinto rechazó el veto del Ejecutivo a la ley de prestación alimentaria básica Parental (N° 5.777). Además se ratificó el texto original de la iniciativa que fue presentada en su momento por la presidenta de la cámara baja, Cecilia Guerrero (Frente de Todos), y que establece como obligatorio a funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado el pago de la cuota alimentaria de hijos e hijas hasta que la Justicia se expida.

Durante el tratamiento al veto, Guerrero recordó que la iniciativa estaba sustentada fundamentalmente en la Convención de los Derechos del Niño y el principio del interés superior del niño. La diputada le apuntó a los fundamentos emitidos por Asesoría General de Gobierno observando que en el veto no se analizó la Convención de los Derechos del Niño, tratado con jerarquía constitucional. 

“Cuando fue analizado el proyecto, que luego fue ley, se habló claramente de lo que sucedía cuando un niño o niña era privado por alguno de sus progenitores de su derecho alimentario ya que no solo se afectaba un derecho humano, lo cual ya constituye una vulneración grave, privando al niño del derecho a comer, a vestirse, a educarse, al esparcimiento”, expresó la oficialista. También subrayó que “está en juego el interés superior del niño, que en este proyecto no fue analizado en los fundamentos del veto”, señaló, para remarcar que “el derecho a la alimentación es un derecho humano básico”.

Por su parte, Juana Fernández (UCR-JPC) también apuntó contra el fundamento del veto sugiriendo que “vayan a estudiar de nuevo” y subrayando que “no solo la alimentación es derecho humano, sino bregar, como esta ley, de qué manera agilizamos y cómo ayudamos y resolvemos mediante leyes”. Lo propio hizo Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) al manifestar que están “equivocados los fundamentos del veto”. Para el opositor de extracto justicialista, el veto “marca el desconocimiento en materia constitucional, la falta de sensibilidad y de timing político”.