Las diferencias planteadas la semana pasada entre el oficialismo y la oposición en Diputados por la situación  institucional en la comuna santarroseña de Bañado de Ovanta se zanjaron en la sesión de ayer. Sucede que aprobaron -sobre tablas- la unificación de dos proyectos para pronunciarse unánimemente en contra de que el intendente Elpidio Guaraz continúe gestionando el municipio al estar imputado penalmente por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual agravado. Además, los diputados del oficialismo hicieron un severo llamado de atención al Poder Judicial durante sus exposiciones (algo que compartieron algunos opositores) por la tristemente común mora que tiene este poder del Estado en el proceso de brindar justicia a las personas.

Ni bien arrancó la sesión, el presidente de la bancada del Frente de Todos, Ramón Figueroa Castellanos, estuvo a cargo de presentar una iniciativa del bloque para que se declare el “más enérgico repudio ante la dilación y la mora para resolver por parte de la Justicia en todas las causas en las que se investigan delitos contra la integridad sexual y aquellos cometidos en contexto de violencia de género”. Por si quedaban dudas, el segundo artículo de este precisaba en parte a qué venía la iniciativa: “Exprésase la más profunda preocupación por la situación institucional de la Municipalidad de Santa Rosa, cuyo Intendente se encuentra imputado penalmente por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual agravado”.

Después de la presentación de la resolución, la opositora Natalia Herrera (UCR-JxC) pidió, al igual que la semana pasada, tratar sobre tablas el proyecto de su autoría donde directamente se realizaba “el más enérgico repudio a la continuidad en el ejercicio del cargo de Intendente” de Guaraz al estar imputado en una causa de abuso sexual con acceso carnal. Ambos necesitaban de los dos tercios para ser tratados sobre tablas, lo que sugería anticipadamente el resultado. Hubo un primer intento de unificar, pero fue descartado. Sin perjuicio de ello, los dos proyectos contaron con el respaldo de los presentes: se registraron 36 votos positivos y cuatro ausencias, aunque el primero en tratarse cuando se llegase al momento era el oficialista.

Luego de aprobar tres leyes, comenzaron a debatir la iniciativa del FT. La oficialista Adriana Díaz, cuando fundamentó, señaló que “pretendemos expresar nuestra más profunda preocupación por la continuidad en el cargo de Intendente” de Guaraz y apuntó el anhelo de que desde el Concejo Deliberante en el Municipio “se expresen y pongan en funcionamiento los mecanismos establecidos para poder apartarlo de su cargo”. “Exhortamos también al Poder Judicial, el que nos tiene acostumbrados a su inacción, que muchas veces ha hecho oídos sordos a este tipo de situaciones y quien tiene la exclusiva responsabilidad de resolver sobre las causas en contra de Guaraz, a que con la mayor celeridad posible resuelva su situación procesal”, acotó. 
La diputada radical Herrera consideró “muy importante que desde nuestras bancas podamos manifestarnos y consensuar una opinión coincidente en apoyo a las víctimas y repudio a los abusadores”. Aludiendo a la sesión de la semana pasada, mencionó que “callarnos no soluciona el problema, nos hace cómplices de la impunidad”. A la vez, remarcó que Guaraz “no tiene autoridad moral para continuar en el cargo; hay una sobreviviente que necesita sentir que de alguna forma se aliviana el dolor que siente desde niña y darle la espalda no es lo que corresponde como personas de bien”.

La opositora fue una de las pocas que cuestionó al Poder Judicial, ya que algunos de sus pares prefirieron posicionarse en garantizar más fondos para este poder del Estado. “Entendemos que el actuar de la Justicia debe cumplir con procedimientos y plazos de manera obligatoria, pero también sabemos que  se exceden ampliamente de estos plazos. Solicito a la Justicia que actúe con celeridad porque hay que dar respuesta a la víctima”, dijo Herrera.

La presidenta de la cámara, Cecilia Guerrero, fue aún más dura con la Justicia. “Da vergüenza ajena pensar que la institución judicial haya esperado más de un año y medio, 18 meses a partir de la denuncia, para recién formular una imputación penal. Hay un sistema que no está funcionando, hace agua por todas partes, revictimiza a la víctimas”, repasó la oficialista y observó que la situación se ve agravada cuando se trata de delitos vinculados a la integridad sexual o de violencia de género, “porque lejos de protegerse los derechos de las víctimas, las dilaciones, la mora, el mirar para otro lado de la Justicia, asesta una nueva violación a los derechos”.

Luego, Juan Denett (FT) la secundó en los cuestionamientos. Mencionó que en el pago de salarios de 2.000 empleados “para este mes son necesarios $950 millones y no puede dar un servicio de calidad”. “¿Cuantas causas duermen? ¿Cuántas víctimas mueren esperando justicia? ¿Cuánto tiempo pasa para el dictado de una sentencia?”, indagó para remarcar: “No podemos seguir soportando más la mora judicial”.

Tras un cuarto intermedio, el oficialismo y la oposición acercaron posiciones y decidieron unificar las dos iniciativas. Herrera tomó la palabra y precisó la redacción del segundo artículo del proyecto fusionado que luego fue aprobado por unanimidad: “Exprésase la más profunda preocupación por la situación institucional de la municipalidad de Santa Rosa generada por la continuidad en el ejercicio del cargo el intendente Guaraz, imputado por los delitos de abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad”.