Para la nueva presidenta de la Corte de Justicia de la provincia, Fernanda Rosales, los Jury de enjuiciamiento son un proceso institucional “sano” puesto que, en definitiva, se juzga a las personas en el ejercicio de la función pública dentro del Poder Judicial.

La valoración de la titular del máximo tribunal fue en base a los juicios contra magistrados y funcionarios judiciales desarrollados en el pasado. Además, evitó adelantar opinión respecto al Jury sobre el fiscal Laureano Palacios ya que, al presidir la Corte, Rosales integrará el propio Tribunal de Enjuiciamiento. En tanto, la ministra se refirió a la poda de recursos para el 2023, indicando que defenderá la independencia de poderes apelando al diálogo tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. 

En diálogo con Mirada Ciudadana, se le consultó a Rosales sobre su visión sobre los juicios contra magistrados y fiscales, y cuál era el impacto que tenía dentro de la Justicia. “No es grato ni bueno que estas cosas sucedan” respondió para remarcar que “es sano cuando suceden”. Es que en esos procesos “el Poder Judicial y la sociedad reacciona”. “Cuando corresponde, después del debido proceso, que la persona que no actuó correctamente sea separada, se la separa” indicó. Además, para la Presidenta de la Corte “es sano que pongamos en superficie estas cosas y que la podamos tratar y debatir”.

En esta línea, recordó que hubo juicios donde se separó “a los funcionarios de su cargo y, en otros casos, que se ha establecido que no había responsabilidad de parte de los funcionarios”. “Es un proceso que las instituciones tenemos que aprender, que tenemos que seguir, porque tienen que existir, para que podamos llegar a una verdadera función pública en todos los ámbitos” de lo que esto implica, es decir, “la función pública, ética y honesta”.

Sobre este eje, la titular del máximo tribunal provincial también rescató que un proceso de Jury permite “distinguir”. “No es lo mismo quien actuó bien y quien actuó mal, que cuando una persona actuó mal tiene que haber consecuencias”.

Por otra parte, la ministra de la Corte se refirió a la poda de recursos en el presupuesto de la Justicia para el 2023. Según señaló, la justicia debe defender la independencia de poderes aunque ello no es óbice del diálogo como camino para hacer frente a las necesidades que son de la sociedad en su conjunto. “Creo mucho en el diálogo, hay que dialogar, el poder judicial tiene que defender fuertemente su independencia y en esto hay que ser firmes y claros” dijo para acotar que “esto no quita que no lo podamos dialogar institucionalmente con los restantes poderes del Estado para poder hacer frente a necesidades que no son del poder judicial sino que son de la sociedad toda”. 

En este último sentido, explicó que “las necesidades que plantea el Poder Judicial no son el puro interés de un determinado poder del Estado, sino que son en interés de la sociedad, como son todos aquellos intereses que tanto el poder Legislativo y el Ejecutivo tienen en cuenta cada vez que ponen en práctica una política pública”. Así, indicó que esto se ve reflejado en “la política pública de generar mayor acceso a la justicia y de llevar la justicia a todos los rincones de la provincia, porque hay que tener en cuenta que el poder judicial es un poder del Estado que tiene presencia en cada rincón de la provincia”. 

“Es clave para nuestros ciudadanos y ciudadanas tener un acceso de calidad a la justicia, no solo rapidez, es también calidad, empatía, buen trato y para eso se necesita presupuesto. Creo que los otros poderes del Estado van a entender que esto es necesario no solo para el Poder Judicial sino para la sociedad toda” sintetizó su visión sobre la merma de recursos para el año en el que presidirá la Corte.