El Concejo Deliberante de la Capital es, hasta el momento, el estamento en la provincia que mayores diferencias en términos porcentuales plantea dentro de su presupuesto. Es que la ordenanza vigente contempla un total de $378 millones en total bajo concepto de erogaciones para el año que termina, mientras que para el 2023 esos recursos escalan a los 1.200 millones de pesos. Así, entre ordenanza vigente y proyecto de presupuesto, hay un incremento del 217 por ciento, superior incluso a la iniciativa del Ejecutivo en 92 puntos porcentuales. 

De acuerdo al proyecto elaborado por la presidencia del Concejo Deliberante, a cargo del oficialista Nicolás Zavaleta, de los 1.200 millones de pesos presupuestados casi la totalidad de los fondos serán destinados a erogaciones corrientes. Más en detalle, el 96 por ciento de esos recursos, es decir unos $1.153 millones de pesos, son contemplados como gastos en personal. Además, la ordenanza de presupuesto del Concejo contempla la inclusión de 10 plantas permanentes. De los 326 trabajadores y trabajadoras actuales con estabilidad laboral, la iniciativa los eleva a 336.

Posiblemente se trate de un cambio de revista de los agentes. Es que el presupuesto vigente del parlamento municipal contemplaba en 85 el número de cargos de la planta de personal no permanente. En este orden de ideas, el proyecto baja esa cifra estableciendo en 75 la cantidad de personal transitorio prestando funciones para el Concejo capitalino.

El incremento del presupuesto para el año que viene del Concejo Deliberante supera ampliamente a los recursos proyectados por el Municipio capitalino. El Ejecutivo municipal para el 2023 tiene un aumento del 125 por ciento en comparación al vigente. Un contraste entre los presupuestos marca una diferencia favorable para el Concejo de 92 por ciento, incluso superando la pauta macroeconómica que bajó de nación a provincia de un 60 por ciento. Cabe señalar que este fue el argumento en la Cámara de Diputados para disminuir los recursos en el presupuesto del Poder Judicial, poder del Estado que había aumentado en un 90% los recursos para salarios.