La propia intuición, junto a los comentarios y la difusión de imágenes de quienes invirtieron en criptomonedas en la provincia los lleva a interpretar una caída en el auge de la divisa electrónica. Dentro de este marco, la Provincia no puede interceder en un contrato de capitalización entre privados. No obstante, ya existió una directiva para asesorar jurídicamente a quienes apostaron y corrieron el riesgo de invertir en criptomonedas. 

El gobernador Raúl Jalil, en conferencia de prensa, dijo que ya impartió la orden de que Defensa al Consumidor se reúna con el Fiscal de Estado, Marcos Denett, para que las personas que hayan tenido un problema sean asistidas por profesionales del derecho.

No obstante, aclaró que hasta el momento no se radicó ninguna denuncia en contra de las operadoras financieras en criptomonedas.

El jefe de Estado local, en ese diálogo con los medios, recordó que el año pasado pidió informes a diferentes entidades y que incluso presentó notas junto a su par de La Rioja, Ricardo Quintela, al Banco Central de la República Argentina para solicitar que se controlen los negocios relacionados a las criptomonedas.

“Hace más de un año pedimos informe, aunque hay un problema mundial de todo esto”, dijo ayer Jalil para comentar que le solicitó al titular de la cartera comercial que se reúna “con Fiscalía de Estado para que todos los habitantes que tengan problemas y no tengan asistencia de algún abogado, estén los abogados de Fiscalía o de Defensa al Consumidor, disponibles, y si es necesario, acompañarlos”. Eso sí, aclaró que la Provincia por lo pronto se ve limitada en su intervención: “Lo que pasa es que hasta ahora no hay ninguna denuncia, lo que necesitamos del Gobierno es que haya una denuncia”.  También mencionó que se desconoce la cantidad de personas que invirtieron en la divisa electrónica, “porque es un convenio entre privados”. 

“Si hay alguna denuncia, que la gente vaya a Defensa del Consumidor”, insistió el Gobernador, para luego contemplar que “lo ideal es que se abone el acuerdo entre los privados o se llegue a un acuerdo, algo que nosotros no sabemos”. “No hay legalmente nada, más allá de que sí hay algunas denuncias en Fiscalía Federal y que en el caso de que llegue a ser un delito, es competencia federal”, indicó.