A la duda del radicalismo sobre si la Provincia y seis municipios oficialistas pusieron fondos en criptofinancieras se acopló otra. Para el caso, cuánto recaudó en impuestos la Provincia durante el tiempo en el que estuvieron operando antes de caer en cesación de pagos, reestructuraciones e investigaciones judiciales las distintas empresas que captaban inversores.

En este sentido, el diputado opositor Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) pidió informe al Gobierno para que “de manera urgente conteste cuánto recaudó ARCA (Agencia de Recaudación de Catamarca) de estas firmas desde que las designó como agentes de retención sobre los ingresos brutos: Adhemar Capital - Régimen local Nº 102023), Roldán, Mariano Alejandro - Régimen local Nº 103519; Sierra, José Luis - Régimen local Nº 81370; y RT Inversiones - Régimen local Nº 45130”.

El legislador tomó las palabras del mandatario Raúl Jalil cuando indicó que “fue el primero en informar lo que no se debía hacer” sobre el funcionamiento de las financieras, para apuntar que estas “operaron en Catamarca durante más de dos años y terminaron estafando a miles de ahorristas”. Para Ávila, “intenta salvarse de la enorme responsabilidad que le cabe, ya que fue él a través del ARCA quien los habilita, autoriza y a la misma vez los empodera nominando a estas financieras como agentes de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

“Es muy grave que el Gobernador haya usado a estas financieras como el brazo ejecutor de la recaudación tributaria provincial y después muy suelto de cuerpo salga a decir que era una actividad ilegal”, señaló el diputado opositor para contemplar que “sin lugar a dudas, al Gobierno se le fue de las manos esta situación, a punto tal de que según datos que pude recabar, son innumerables los funcionarios que invirtieron recursos en la timba financiera y esto en algún momento deberá aclararse”.
Además, consideró que el accionar del Gobierno “puede traer a futuro graves consecuencias al Estado Provincial, ya que muchos ahorristas perjudicados y asesorados por sus abogados van a entender que si el Estado habilitaba estas financieras para funcionar legalmente, es solidariamente responsable por los daños causados”.