Una jueza tucumana trabó embargo por 6.500 dólares de las cuentas de Edgar Adhemar Bacchiani a favor de uno de los inversores que le entregaron dinero para que invirtiera en la compra y venta de criptomonedas, en la primera resolución de la Justicia ordinaria de Tucumán desfavorable al CEO de Adhemar Capital (AC) que se conoce.

“No nos interesa que Bacchiani esté en Batán, Villa Urquiza o Miraflores; buscamos que nuestros representados recuperen el dinero que invirtieron”, dijo a La Gaceta el abogado Jaime Roig, al explicar los motivos por los que no radicaron una denuncia penal contra el “trader god”.

“Buscamos otra alternativa y afortunadamente logramos un fallo importante que le da otro carisma al caso”, consideró.
Hasta el momento, solo se conocía que varias víctimas realizaron una denuncia ante el fiscal federal Carlos Brito, que comenzó a investigar. Sin embargo, con el correr de las semanas, el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, solicitó que se declaren incompetentes para que él acumulara todas las causas, planteo que fue aceptado por su par de Tucumán, Fernando Poviña.

Una idéntica solicitud formuló a la Justicia ordinaria de Córdoba, pero la fiscal Valeria Rissi se negó a hacerlo y el pleito será resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cabe mencionar que el fuero nacional también declinó la competencia y giró todas las denuncias a los tribunales catamarqueños.
Roig inició la demanda de uno de los damnificados el viernes 6. Por sorteo, se designó a la jueza de Documentos y Locaciones, María del Rosario Arias Gómez, para que entendiera el caso y después de analizar la denuncia convocó a las dos partes para que se realizara una audiencia de conciliación.

“La fecha fue cuando a Bacchiani le daban el arresto domiciliario para que se empezara a analizar sus cuentas. Pero pese a haber sido legalmente notificados, ningún representante de AC se presentó al encuentro”, explicó el profesional.

El abogado explicó que no les resultó sencillo plantear esta estrategia. “Primero estuvimos ingresando a un medio desconocido, por lo que nos tuvimos que asesorar bien antes de dar hacer el pedido de embargo. Luego, hicimos un estudio previo que dio sus resultados. Pero no podemos dejar de destacar el acompañamiento judicial. Todo esto se resolvió muy rápido”, indicó Roig en una entrevista.

La magistrada ordenó que se oficie a Binance Services Holding Limited, una de las billeteras virtuales más importantes del mundo, para que inmovilicen US$ 5.000 en concepto de capital adeudado y otros US$ 1.500 por los posibles intereses que se pueden generar por el paso del tiempo. También dispuso que ese monto de dinero (más de $ 1,3 millones) sean depositados en una cuenta del Poder Judicial en el Banco Macro hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Arias Gómez, en su fallo, aclaró: “En caso de que el destinatario del embargo tuviera medidas cautelares trabadas con anterioridad al presente oficio, deberá hacerse efectivo una vez cumplidas las mismas. El oficiado deberá comunicar cuando se produzcan los depósitos.

”Binance es una empresa multinacional que tiene su sede en Irlanda, que es una especie de paraíso fiscal. Llegar hasta ellos fue bastante complicado porque no existen o no pudimos encontrar bienes a su nombre. La jueza interviniente entendió el planteo y no puso ninguna traba, sino que resolvió rápidamente”, explicó Roig.

El profesional también cuestionó una situación generada en los últimos días. “Varias de las personas que asesoro me llamaron para contarme que fueron intimados por la AFIP para que justifiquen el origen de los fondos que invirtieron en AC. Me llama poderosamente la atención que ello ocurra justo cuando se avanza en conseguir los embargos en contra del denunciado”, indicó.
Bacchiani, cuando se presentó a declarar en Córdoba, había advertido que las personas que estaban dispuestas a denunciarlo penalmente podrían afrontar investigaciones del ente recaudador para averiguar de dónde había surgido el capital que invirtieron.