Durante la sesión de esta semana en la cámara baja en la que un diputado opositor defendió el proyecto de Ficha Limpia, el bloque del Frente de Todos presentó su opción normativa para el plano local bajo el título de “Inhabilidades Constitucionales para el Ejercicio de la Función Pública”.

La diferencia entre la propuesta opositora y la oficialista está en que la segunda hace extensiva la ficha limpia al Poder Judicial catamarqueño. En otras palabras, que la transparencia en los cargos públicos sea para los tres poderes del Estado.

La alternativa oficialista indica que la “transparencia en la función pública es una requisitoria generalizada de toda la sociedad, resulta insoslayable a esta altura de la vida política dentro del sistema democrático”. En este orden de ideas, reseñan que como legisladores y legisladoras “no podemos menos que atender el creciente reclamo de la gente, excepto que pretendamos continuar profundizando la crisis de representación que se enseñorea de las instituciones republicanas”.

En la propuesta del las y los integrantes del Frente de Todos se alude al proyecto de la oposición a nivel nacional, que ya fue tratado en la cámara baja del Congreso, y paralelamente a igual iniciativa de Tiago Puente (UCR-JxC) para el plano local. Es que, dentro su fundamentación, el FT desliza que “un tema de esta naturaleza debe ser tomado con seriedad y responsabilidad, no como bandera electoralista que solamente plantea un discurso facilista que solo busca empañar el verdadero sentido de una propuesta que intenta achicar, aunque solo sea un poco, la mirada que tiene el pueblo no solo sobre sus representantes legislativos, sino también hacia los integrantes de los otros poderes del Estado”.

Esa alusión de las y los diputados oficialistas, queda aun más clara en otro párrafo de la fundamentación: “A otras iniciativas de similar facción las han condecorado con denominaciones rimbombantes y todas ellas, nos permitimos decir, carecen de trato igualitario con todos los poderes del Estado.

”Como si únicamente fueran los representantes parlamentarios los que oscurecen la trasparencia institucional”, desliza la propuesta del FT. En esta línea, indican que “frente a postulados análogos ofrecemos esta iniciativa que, además de ajustar algunos contenidos, entendemos que resulta superadora frente a las expectativas sociales, garantizando la aptitud y habilidad moral y ética de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado”.

Eso sí, aclaran que la propuesta en cuestión “debe ser tenida en cuenta como lo que es, el establecimiento de inhabilidades para el ejercicio de la función pública en todos los estamentos institucionales conforme a las causales que se disponen, que fueron surgiendo teniendo en cuenta los alcances de las Constituciones Nacional y Provincial, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos permita acercar el derecho y la justicia a las expectativas de la sociedad en su conjunto”.
“La falta de transparencia o las inhabilidades morales no solo se da en los Poderes Legislativos de cualquier jurisdicción sino también en los Poderes Ejecutivos y Judiciales de todo orden, atreviéndonos a decir que son los parlamentos en donde menos se registran actos de naturaleza reprochable”, concluyen. 

Qué incluye la propuesta oficialista

Inhabilita a la función pública a quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, aunque el cumplimiento de la pena sea en suspenso, y/o inhabilitación en primera instancia y confirmada la sentencia en segunda instancia, hasta tanto sea cumplida la pena o revocada.

Esto es para cargos en el Ejecutivo (gobernador/a, vice, ministros/as, secretarios/as, directores/ras en todos los niveles), en el Legislativo (senadores/as y diputados/as), también en los Ejecutivos municipales (Intendentes/as, secretarios/as, directores/as) y en los Legislativos comunales (concejales/as).

Con las mismas características se inhabilita para cargos en el Poder Judicial (ministros/as de la corte, procurador/a general, fiscal general, defensores/as, asesores/as de menores jueces/zas, fiscales, secretarios/as, titular de la policía judicial y magistrados/as y funcionarios/as judiciales interinos/as).

Entre los delitos contemplados, se encuentran cohecho y tráfico de influencias, malversación, exacciones ilegales, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, delitos contra la salud pública, contra la integridad sexual y contra la corrupción, entre otros tantos.