La actividad minera en el país tiene en distintas etapas de desarrollo ocho megaproyectos para la producción de cobre distribuidos en cinco provincias. La construcción de los emprendimientos demandará inversiones por más de 22.000 millones de dólares y permitirá exportaciones incrementales hasta superar los 11.000 millones de dólares al año. Dentro de esos ocho se encuentra el proyecto integrando Mara (Minera Alumbrera Agua Rica), el cuarto yacimiento con mayores reservas de cobre en la Argentina y cuya construcción necesita 3.100 millones en divisa norteamericana.  

Los datos se desprenden de un trabajo de la Secretaría de Minería, a cargo de la catamarqueña Fernanda Ávila, y que fue dado a conocer durante la presentación del Gobierno Nacional del nuevo régimen optativo y progresivo para los derechos de exportación de cobre, que permitirá a las compañías elegir entre la continuidad de una alícuota fija de 4,5% o un esquema de tasas variables según la evolución del precio del mineral.

El alto potencial cuprífero de la Argentina se ubica en la zona de los Andes centrales junto a Chile y Perú, con un volumen aproximado de reservas de cobre por 1.033 millones de toneladas métricas para la región, lo que representa el 40% de las reservas mundiales de cobre.

La producción de ese mineral a gran escala comenzó en estas tierras, en 1997, con la puesta en marcha de la operación Bajo La Alumbrera, ahora parte del proyecto Agua Rica, puesto que para la explotación del cobre en la segunda se planeó usar la infraestructura de la primera. Un dato que no puede pasar inadvertido: hasta el cierre del yacimiento en 2018 y a lo largo de la vida útil de la mina, Alumbrera aportó a la economía argentina ingresos fiscales que alcanzaron un valor total de US$ 5.037 millones y generó exportaciones por US$ 17.300 millones.

Las expectativas para la explotación de los ocho proyectos cupríferos está motivada en el incremento de la demanda global de cobre debido a los requerimientos de la transición energética hacia una mayor electrificación. El salto exponencial de la electromovilidad genera la oportunidad de abrir en el país una nueva era del cobre.

Para ese desafío, se encuentran en distintas etapas de desarrollo los emprendimientos como el de Josemaría, el único que inició la etapa de construcción, con un capex (inversión de capital) anunciado de US$ 4.100 millones.

A este se le suma El Pachón, en etapa de factibilidad con una inversión inicial de US$ 4.500 millones (y el mayores reservas cupríferas estimadas); El Altar, en exploración avanzada, que requerirá unos US$ 3.000 millones; y Los Azules (el segundo de mayores reservas en cobre), en estudio económico preliminar (PEA) por US$ 2.363 millones. Cabe señalar que todos estos se encuentran ubicados en la provincia de San Juan.

En Catamarca está el proyecto Mara, que avanzó a la etapa de prefactibilidad y tiene un capex previsto de US$ 3.100 millones. Este yacimiento tiene cerca de 8 millones de toneladas de reserva en cobre (7.810.000 de acuerdo a datos oficiales) con una producción estimada de 155 mil toneladas anuales. En tanto, en la zona norte de Mendoza está el proyecto San Jorge, también en prefactibilidad, con una inversión inicial de US$ 370 millones. De vuelta en el Noroeste Argentino, se encuentra a la mina Taca Taca, en Salta, cuyo estudio económico preliminar necesita una inversión por US$ 3.583 millones.

Finalmente, está Filo del Sol en etapa de prefactibilidad, con un costo de construcción de US$ 1.266 millones.
Los más importantes en términos de reservas son El Pachón, Los Azules y Taca Taca, proyectos que sumados representan el 62% de las reservas totales de cobre de Argentina y su construcción y puesta en marcha demandarán más de US$ 10.000 millones, casi la mitad de la inversión total proyectada, de US$ 22.200 millones, para los ocho proyectos.

En cuanto a la producción, aportarían una capacidad de 693.000 toneladas, que significarían, al nivel de producción de 2020, un 3% de participación mundial, pero si todos los proyectos estuviesen funcionando a plena capacidad, la participación de Argentina subiría al 5%, con un volumen máximo que superaría las 1,2 millones de toneladas anuales.