El diputado oficialista Gustavo Aguirre aseguró que la denuncia penal radicada ayer por su par de la oposición, Hugo Ávila, es “solamente una declaración política que carece de cualquier sustento legal o probatorio contra el gobernador Raúl Jalil  y la exmandataria Lucía Corpacci”. Para el legislador del Frente de Todos, la acusatoria solo apunta “a embarrar al Gobernador y a la senadora”.

Es que, al realizar una lectura minuciosa de la denuncia, “se muestra que Ávila reconoce la legalidad de todo lo que denuncia: el convenio firmado por la exgobernadora fue analizado y ratificado por la Legislatura provincial”. Aguirre incluso rescató que el opositor “también reconoce que el ARCA, como autoridad de aplicación, realizó una auditoría a la empresa minera hace más de seis meses”.

En este orden de ideas, reseñó que el Estado Provincial “se apoyó en una decisión de la Agencia Federal de Ingresos Públicos para establecer un valor de referencia para una materia prima que todavía no cuenta con precio internacional porque no se puede calificar como una commodity”. “Como consecuencia de todo ese trabajo se realizó una redeterminación del cálculo de Regalías Mineras y el Aporte Mensual Adicional y la empresa deberá reembolsar a la provincia antes del 2 junio más de 120 millones por el periodo correspondiente a julio 2020 a enero 2022”, reseñó.

Aparte, el legislador oficialista mencionó que “hubo un señalamiento de un diputado de la UCR -en alusión a Alfredo Marchioli-, en simultáneo ARCA realizaba una investigación con una auditoría seria y exhaustiva que ya tiene resultados”. Así, Aguirre remarcó que “el Gobernador es el primer interesado en que las reglas sean claras y cada empresa tribute lo que debe”. “La denuncia de Ávila puede dejar a cientos de catamarqueños del interior sin trabajo, solo por una especulación política”, lamentó el diputado.