Desde de la oposición indagan al Gobierno pidiendo detalles ante la posibilidad de que ministros o funcionarios se hayan involucrado con alguna de las criptofinancieras que se encuentran en la lupa de la Justicia. El legislador radical José “Chichí” Sosa (UCR-JxC) presentó una iniciativa con base a las declaraciones del gobernador Raúl Jalil de hace más de un mes, cuando dijo que echará a funcionarios vinculados con alguna de esas empresas que captaron inversores. El diputado opositor pregunta si finalmente se tomó alguna medida.

Dentro de la fundamentación, el legislador rescata el artículo 149 de la Constitución Provincial. Es que el mismo indica que “el Gobernador es el Jefe del Estado Provincial y tiene las siguientes atribuciones y deberes: nombrar y remover (en la forma prevista por esta Constitución y las Leyes que en su consecuencia se dicten), a todos los funcionarios y empleados de la Administración. Ninguna disposición contractual ni las leyes reglamentarias podrán enervar esta atribución”.

Con ese sustento, recuerda que el 23 de mayo, cuando Juan Carlos Rojas asumía la conducción de la cartera de Desarrollo Social, el mandatario, en rueda de prensa, “dijo en tono de fuerte advertencia y de manera pomposa que despedirá a los funcionarios y ministros” que hayan estado vinculados a las criptofinancieras. 

“Esta iniciativa legislativa no persigue que se despida a ningún ministro o funcionario”, aclara Sosa, para acotar que el titular del Ejecutivo “puede rodearse con quien desee a la hora de conformar un equipo de gestión”. No obstante, “ocurre que el propio Gobernador lo planteó en esos términos con un tema tan sensible que atraviesa horizontalmente al conjunto de la sociedad.

”Si el Gobernador es un hombre de palabra, debe cumplirla, saber quién invirtió y despedirlo”, dispara el diputado. También señala que “el Gobierno no debería subestimar el riesgo social en el que se está inmerso, donde la armonía social, la paz social de los catamarqueños, está en juego”.

Así, el opositor profundiza sobre los vínculos con criptofinancieras, solicitando un “informe detallado de Fiscalía del Estado respecto a los funcionarios del Estado vinculados a las financieras en la estafa piramidal, ya sea como reclutadores, poceros o simples inversores”. También consulta si existe dentro del Gobierno una “cifra estimativa de las/os damnificados por las estafas piramidales”.