Se suma un nuevo ingrediente al descontento que padecen los inversores de las cripto financieras en Catamarca.

La Administración General de Rentas provincial (ARCA) ha iniciado con el curso de notificaciones destinadas a quienes hayan invertido dinero en la compañía RT Inversiones, intimándolos a que presenten copia del contrato firmado como también una certificación de fondos que justifique la suma invertida.

Los contratos que quedan comprendidos dentro de esta solicitud son aquellos que se hayan firmado entre el 1 de mayo de 2021 y el 1 febrero del 2022. 

Consultado sobre este procedimiento, más allá del objetivo impositivo, el abogado Lucio Montero  interpretó que “es una forma que tiene la Provincia de amedrentar a los ahorristas que han hecho sus pequeñas inversiones para que no denuncien”. 

Con esta actitud, en el análisis del profesional, la Provincia logra disuadir a quienes todavía no han iniciado acciones legales contra la financiera por miedo a ser requeridos por el ente recaudador. “La gente ya no quiere gastar más plata, y hacer un descargo de este tipo implica pagar la consulta a un contador o un abogado”, agregó Montero.

Por otro lado, el letrado quiso remarcar que “la Provincia dictó una resolución mediante la cual a varias de estas empresas, entre las que se encontraba RT, las designaban como agentes de retención”, y ahora es la misma Provincia la que requiere a los inversores que sean ellos los que justifiquen sus contratos. “Tampoco hay que olvidarse que ARCA tuvo un punto fijo por ejemplo en la empresa de Bacchiani durante varios meses donde también percibían todos los ingresos de quienes invertían”. 

“El gobierno es responsable de todo esto porque ha permitido y ha favorecido el funcionamiento de estas empresas, incluso ha lucrado con la actividad”, por lo que, a criterio del letrado, es descabellado pretender responsabilizar a los clientes que fueron a invertir su dinero a una empresa a la que tanto la Provincia como la municipalidad le permitían funcionar. Según la línea de razonamiento, pretender desviar la obligación que pesa sobre el gobierno de constatar que estas compañías cumplieran con la Ley de Entidades Financieras sobre los ahorristas no tiene razón de ser.

Montero aseguró también que si bien va a responder a las notificaciones que se cursaron a sus clientes, evalúa la posibilidad de una denuncia penal contra los funcionarios del ente recaudador en base los Arts. 248 y 249 del Código Penal que contemplan los delitos de Violación de los Deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad. “Tanto por acción como por omisión, muchos funcionarios han pasado por encima de la normativa que les correspondía aplicar”. 

Por último, el abogado quiso remarcar que le llamó mucho la atención que casualmente las personas que recibieron estas notificaciones son las mismas que denunciaron a la contadora Carolina Bonfanti en su momento, imputada en la causa de RT Inversiones, quien habría realizado una presentación para que investiguen a sus denunciantes.