En enero de 2019, a nivel nacional se promulgó la Ley Micaela, normativa que lleva ese nombre en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien debía estar preso por violar a dos chicas aunque un juez le había otorgado la libertad condicional. La ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para los tres poderes del Estado. A nivel local, la Cámara de Diputados fue la primera en implementar la ley, seguida por el Ejecutivo, mientras que el cumplimiento por parte del Poder Judicial “es deficitario”.

El dato con la demora en el cumplimiento de la normativa vigente surgió del monitoreo que realizó la Fundación Micaela García – “La Negra” (creada por familiares de la joven víctima de femicidio) junto a Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, Abosex, Abofem y Cladem Argentina. De acuerdo al relevamiento, existe un retraso de más de seis meses en el inicio de las capacitaciones del Poder Judicial.

Ante el pedido de información pública, las provincias de Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan se negaron a brindarla. “La implementación de la Ley Micaela en el ámbito de la Justicia a nivel federal es deficitaria, desde múltiples sentidos”, dice el informe. Describe el retraso en el dictado de talleres en Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis. En este sentido, la que más demora tiene es La Rioja (24 meses), seguida por San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) y Mendoza (9 meses).

El monitoreo detectó que un cuarto del país cuenta con al menos una cohorte o edición de la capacitación finalizada. Sobre este aspecto aparecen Santiago del Estero (21), Santa Cruz (15), Mendoza (13), Catamarca (7) y San Luis (1). “La falta de formación en género se traduce en sentencias misóginas y/o basadas en prejuicios y estereotipos que vulneran derechos de mujeres, lesbianas, travestis, personas trans, gays, bisexuales, no binaries y niñeces”, explicó la Fundación Micaela García.
Los datos implican un fuerte llamado de atención a los poderes judiciales de las subjurisdicciones nacionales. Es que en el país solo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88 por ciento), Santa Cruz (65 por ciento), Formosa (61 por ciento), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56 por ciento) y Misiones (52%). “El monitoreo de la Ley Micaela refleja la necesidad y la urgencia de una reforma integral de la Justicia en clave de género, diversidad y derechos humanos”, remarca el estudio realizado por las organizaciones, para acotar que “aún no se observa un avance cualitativo en el contenido de los fallos y procedimientos”.