El juez federal Miguel Ángel Contreras procesó a Cristian Sixto Rojo y la supuesta cúpula de “Callvu Servicios Financieros y Bursátiles” solo por el delito de “intermediación financiera no autorizada”, además trabó embargos millonarios para los imputados.

El fallo del juez fue cuestionado por ambas partes, ya que la querella sostiene que es escaso el monto de los embargos, que van desde 20 a 50 millones de pesos para el titular de la empresa en cuestión, mientras que la defensa sostiene que es un monto innecesariamente alto. Ante esto, adelantaron que la querella ejercida por Jorge Bracamonte (h) apelará el fallo.

En el veredicto, el juez ordenó que Rojo continúe privado de su libertad en su lugar de detención en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que para los otros tres (Silvina Segura, Pilar Mercedez Sánchez Jordá y Eduardo Guerrero) el procesamiento sin prisión preventiva, aunque en el caso de Guerrero deberá abogar una caución para poder recuperar su libertad.

Otro dato interesante del fallo es que, respecto de las causas por supuestas “estafas y asociación ilícita”, el juez se declaró incompetente para investigar, por lo que las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía General de la Provincia, que continuará con la pesquisa hasta que el tribunal de alzada disponga lo contrario, en caso de que existan apelaciones.

Vale destacar que los antecedentes más próximos son la causa de Edgar Adhemar Bacchiani, cuyo fallo fue duramente cuestionado y se encuentra en la Cámara Federal de Apelación en la provincia de Tucumán, a la espera de una resolución del tribunal de alzada. 

La madre de Rojo

Por otro lado, el abogado Jorge Bracamonte (h) presentó ayer un nuevo escrito donde amplía el requerimiento de instrucción en contra de la progenitora de Cristian Rojo, ya que surgió de las mismas declaraciones del imputado que la mujer podría tener algún grado de participación en el intento de desfinanciación fraudulenta del titular de “Callvu Servicios Financieros y Bursátiles”. 

La cuestión gira en torno a los dichos del imputado, el cual manifiesta que su madre habría intervenido en una negociación ya que estaba detenido, pero la querella sostiene que para ese momento el acusado ya estaba en pleno conocimiento de que existía sobre él una inhibición de todos sus bienes, por lo que consideran que habría sido adrede y piden investigar a la mujer como cómplice.

Por último, en diálogo con El Esquiú.com, Bracamonte se defendió de las acusaciones de Rojo y sostuvo: “Rojo no radicó ninguna denuncia porque todo es una gran mentira. Rojo es un delincuente peligroso que ha demostrado acabadas veces su ánimo de entorpecer el proceso”.