Norte Grande: La Ley de Humedales debe "garantizar la conservación y el desarrollo sostenible"

Los mandatarios consideran que la ley debe ser compatible con las actividades productivas que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo a las provincias.
miércoles, 28 de septiembre de 2022 11:53
miércoles, 28 de septiembre de 2022 11:53

Los gobernadores del Norte Grande compartieron la importancia de sancionar una Ley de Humedales después de tantos años de debate.

Al respecto destacaron que cualquier ley que se apruebe debe “garantizar la conservación y el desarrollo sostenible”. Es por ello,  ratifican que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias y no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación  de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan.

“Es nuestra responsabilidad conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas, que son estratégicas en nuestra región. De otra manera se favorecerán procesos de inequidad territorial, poniendo en riesgo actividades económicas que son fundamentales para el bienestar de los argentinos y para la transición climática”, expresaron mediante un comunicado los mandatarios que integran el Norte Grande.

Además sostienen que “ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias”.

Sobre el proyecto de ley que se discute en el Congreso y que ha generado preocupación en las provincias, sostienen, debe “focalizarse sobre los humedales naturales y no en los derivados de la acción antrópica”.

En tal sentido, le corresponde a las provincias la potestad de realizar sus inventarios y deben ser ellas las que en coordinación con Nación elaboren el inventario nacional, y lo mismo debe suceder con los ordenamientos territoriales de humedales. 

“Ninguna ley debe establecer moratorias que generen una paralización  a las actividades productivas, ni a las actuales ni a los proyectos en desarrollo, ya que todos los proyectos que tengan lugar en humedales deben atravesar los correspondientes procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por las provincias”, remarcaron.

También destacaron que el Fondo de humedales no debe ser inferior al 0,3 % del presupuesto nacional y que el mismo debe integrarse en el próximo presupuesto, para garantizar que las provincias puedan cumplir con las disposiciones de la ley.

De igual manera, sostienen que la distribución de los recursos de ese Fondo a las provincias debe realizarse con “criterios objetivos, claros y justos”. Asimismo, deben llegar a las jurisdicciones en la etapa inicial de aplicación, lo cual no obsta que posteriormente las jurisdicciones deban rendir cuenta de su uso y cumplir con condiciones. Los condicionamientos iníciales a la transferencia de fondos, ralentizarán los procesos en las provincias.

Teniendo en cuenta todos estos puntos, los mandatarios hacen hicapie en que cualquier órgano consultivo que se incluya en una ley “debe garantizar la participación de todos los sectores directamente involucrados en la gestión de humedales”. Por lo tanto, dicho órgano debe ser de “carácter consultivo, no reemplazará ni suplirá, burocratizará la toma de decisiones por parte de las autoridades. Ni deben representar estructuras administrativas adicionales”.

Proponen al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la máxima autoridad ambiental de la República Argentina, para garantizar la coordinación de la implementación y aplicación efectiva de la ley.

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