Aunque parezca un proceso consolidado, el juzgamiento de los genocidas tiene avances y retrocesos desde que, en 2003, se reanudó tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

El abogado querellante Pablo Llonto sostiene que “se ha llegado a juicio oral una gran cantidad de investigaciones que estaban muy muy atrasadas” aunque “queda mucho por hacer”.

Y en el marco del avance del juicio político a Horacio Rosatti y otros miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados, el letrado presentó una denuncia que apunta al vocal del máximo tribunal por lo que considera una tácita aceptación al proceso de impunidad biológica que deja a represores y colaboradores civiles sin castigo.

Llonto acusa al juez por haber desactivado el ente que se encarga dentro de la Corte los juicios de lesa humanidad: la llamada Comisión Interpoderes.

La Interpoderes funcionó con cierta asiduidad hasta septiembre de 2016.
Nunca más volvió a convocarse después de 2017, cuando el fallo que intentó beneficiar a los genocidas con el 2×1 salió a la luz, con el voto de Rosatti.

“Las dos últimas presidencias de la Corte, pero con mayor desidia la de Horacio Rosatti, han desactivado dolosamente todo mecanismo para resolver este problema y mucho menos han tomado medidas para agilizar las miles de denuncias y casos que desde los años 70 esperan respuesta por parte de víctimas y familiares de las víctimas”, afirmó Llonto.

El abogado recordó que “Estos procesos van muy lentos y fallecen víctimas o familiares. Esto es problema que se agrava en los años, por eso se creó la Comisión Interpoderes pero él no los convoca para tomar medidas”.
“O no le interesa, que es lo que parece, o que dé las explicaciones en la comisión”, apuntó Llonto.

“Van a escuchar nuestras quejas porque conforme pasan los años, y uno mira hacia atrás todo lo que queda, la desesperación es más grande porque estamos, digamos, más cerca del final físico de mucha gente: imputados, testigos, madres, padres, sobrevivientes. Entonces eso nos pone en situación de desesperación de reclamar que se aceleren los juicios”, completó.
Tres de los 14 pedidos de juicio político que se están analizando en comisión en la Cámara de Diputados contienen acusaciones vinculadas al fallo del 3 de mayo de 2017 con el que Rosenkrantz, Rosatti y Highton les abrieron la puerta a los represores a una libertad anticipada.

Una demora histórica
El retraso del máximo tribunal del país en resolver las causas por delitos de lesa humanidad es un reclamo constante de los organismos de derechos humanos.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, en diciembre de 2020 había en esa instancia al menos 101 recursos pendientes de resolución que involucraban a 150 personas en 39 causas.
Por ejemplo, desde 2017 se encuentra en la Corte Suprema la revisión de la masacre de Capilla del Rosario, en Catamarca, por la que fueron condenados a perpetua tres exmilitares en 2013 y que lleva ya más de 16 años de trámite judicial desde que se inició la investigación.

Ya en 2021, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó pedidos para que se activen 12 causas que se encuentran demoradas desde hace años en la Corte Suprema de Justicia y en la Cámara Federal de Casación Penal.
Se trata de escritos de pronto despacho o para fijar fecha de audiencia que tienen como objetivo impulsar los procesos por crímenes de lesa humanidad en estas instancias judiciales, donde pueden pasar años de manera injustificada hasta que se toma la decisión de revisarlas.

Las presentaciones se realizaron en causas de todo el país en las que Secretaría de Derechos Humanos es querellante. Algunas de ellas son emblemáticas por la participación de civiles o por la responsabilidad empresarial en esos crímenes, las que encuentran mayor resistencia dentro del Poder Judicial para avanzar.

Según datos del Ministerio Público Fiscal, un juicio por crímenes de lesa humanidad tarda, en promedio, 5 meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta la clausura y 2 años y 4 meses desde el comienzo del debate hasta el veredicto.

La causa

Se denomina Aniquilamiento en Capilla del Rosario a la muerte de dieciséis guerrilleros tras una operación fallida por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la provincia de Catamarca, Argentina, en agosto de 1974. Hugo Irurzún —alias Capitán Santiago— había comandado el frustrado ataque en Catamarca.
El hecho dio lugar a una causa penal en la que se juzgó a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta —exintegrantes del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 del Ejército Argentino—. En 2008 fueron encontrados culpables en el juicio, pero en 2016 la Cámara Nacional de Casación negó que se hubieran probado los hechos, excluyó que pudieran considerarse delitos de lesa humanidad y absolvió a los acusados. Dicha absolución fue apelada ante la Corte Suprema, y el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia solicitó la anulación de las absoluciones. Nunca hubo respuesta a ese pedido.