La integración del Consejo de la Magistratura, el conflicto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Nación por los fondos coparticipables y el escándalo por la filtración de los chats entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro (ahora de licencia) y Silvio Robles, vocero y mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fueron el catalizador para el escrito que el Presidente Alberto Fernández, respaldado por once gobernadores (ente ellos el catamarqueño Raúl Jalil, que si bien estuvo representado por su vice, Rubén Dusso, luego participó de forma virtual), presentará hoy a la Cámara de Diputados.

El documento en cuestión pide el juicio político contra Rosatti y la apertura del procedimiento contra Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El número de apoyos a la iniciativa del Presidente se vio modificado en el mismo día. En el Salón Eva Perón estuvieron presentes los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). También estuvieron los vicegobernadores de Santa Cruz, Eugenio Quiroga y de Catamarca. No obstante, la gobernadora Alicia Kirchner y Jalil se sumaron al encuentro a través de la plataforma Zoom. Tras la reunión, Presidencia difundió el texto con las firmas de todos los participantes donde figuraba el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien había participado vía Zoom.

Un rato más tarde, voceros del Gobierno de Entre Ríos desmintieron que Bordet haya rubricado el comunicado y aseguraron que no acompañaría el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. Sin el respaldo entrerriano, el oficialismo consiguió el acompañamiento de 11 provincias, una menos que la mitad de la totalidad de los distritos que conforman el país. Las otras ausencias notorias de otros gobernadores del Frente de Todos fueron las de Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

En diálogo con la prensa, Kicillof señaló que “la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, atribuciones que no le son propias”. En declaraciones a la prensa y al ser consultado sobre si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la acusación, el gobernador bonaerense indicó que “la Comisión resuelve si pone en marcha el procedimiento”, mientras que Capitanich añadió que se trata de “un procedimiento que se inicia a través de esta presentación”.

“Junto a gobernadores y gobernadoras, hemos tenido una reunión con el Presidente con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, en virtud del mal desempeño de funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia”, remarcó el chaqueño Capitanich, y explicó que el reclamo tiene como base la “violación de Ley de Ética Pública y el mal desempeño de los cuatro jueces” que integran el máximo tribunal, actitudes que se tradujeron en una serie de fallos que evidenciaron “una manifiesta parcialidad” en favor de un sector político.

En tanto, Zamora destacó que “es la primera vez” en la historia que las provincias piden el juicio político de un juez de la Corte junto al Presidente. “Hay un conflicto institucional muy fuerte. No se puede dejar pasar esto”, dijo el santiagueño Zamora, que el lunes presentó una denuncia penal contra Robles, el vocero de Rosatti, por la filtración de supuestas conversaciones suyas con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. “Robles está involucrado en un hecho gravísimo. La Corte dicta un fallo que afecta el federalismo en el que aparece en connivencia con el demandante”, apuntó.

Fundamentos

El primer señalamiento del escrito a los jueces del máximo tribunal es que incurrieron en las causales de mal desempeño que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional. “La CSJN (...) ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales”, indica. La presentación acusa puntualmente a Rosatti de haber diseñado una “maniobra arbitraria e ilegal” al asumir la presidencia de la Corte, para luego “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura.

El documento alude a las conversaciones entre el ministro porteño D’Alessandro y Robles puesto que “aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la CSJN sobre la disputa sobre el porcentaje de fondos coparticipables”. En esta línea, los gobernadores señalan que Rosatti debió haberse excusado de intervenir en el conflicto: “Recordemos que era D’Alessandro quien asistía a las audiencias en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.