Luego de una semana en dónde se evidenció varias irregularidades en el gobierno de Castillo, se retoma con los testimonios por dos días consecutivos.  

Hoy a las 9.00 se reanudan las audiencias del juicio de compras directas en el Juzgado Penal N° 3 y se espera que declaren 9 personas, entre las que se encuentran personas damnificadas y empleados estatales. Durante las primeras tres jornadas, pasaron por el estrado 13 personas, entre las cuales, algunas revelaron datos interesantes para la causa. 

En el primer día, uno de los testimonios más relevantes fue el del ministro de la Vivienda, Fidel Saénz, quien fue crítico con la justicia y lamentó que tardara 20 años para que se realice el debate. En su declaración, también, mencionó a Edgardo Bulacio, quien a su entender debería estar imputado en la causa. Se trata del imputado por la financiera RT Inversiones. 

Otras de las declaraciones relevantes del día miércoles fue la de un empleado de Desarrollo Social de apellido Andrada, quien tras el cambio de gestión se encontró con un dantesco cuadro. Según el testigo, cuando llegó no habían dejado nada, “es como se hubieran pasado las langotas, hasta el teléfono se llevaron” expresó ante el tribunal.

Durante la segunda jornada, dos profesionales del Tribunal de Cuentas dieron su testimonio y aclararon que las mismas solo realizaban el análisis necesario para determinar si era posible iniciar sumarios por los hechos presentados, ya que su tarea en el organismo se basaba en determinar si existía mérito o no. Además, otro exempleado de Desarrollo Social fue indagado sobre unas órdenes de materiales emitidas, de las mismas reconoció su rúbrica, pero aseguró que él no recibió nada de lo que en el documento se detallaba. 

 Finalmente, el viernes se le tomó declaraciones a el señor José Alberto Zurita, quién anteriormente ya lo había hecho en el año 2009 en la investigación. El testigo manifestó haber pedido a su vecina Alejandra Ibáñez de Maza, trabajadora legislativa y esposa de uno de los proveedores estatales durante en 2003, una ayuda social para conseguir medicamentos que necesitaba en aquella época. Lo curioso, es que años después, a través de una citación del Tribunal de Cuentas de la provincia se entera que había una factura firmada por él de una suma de dinero importante y un escrito solicitando materiales de construcción. Según Zurita, “la firma era trucha” y nunca recibió el material expuesto en la factura. 

Otro de los testimonios que dijo haber sido perjudicado el viernes, fue Norberto Eduardo Herrera, quien narró que solicitaron materiales para la construcción en su nombre y que nunca vio dichos elementos.  “Alguien tramitó con mi documento perdido y firmó en mi nombre. Nunca hice una remodelación en mi casa, vayan a corroborar” explicó.  

Albarracín, el último testigo en declarar en la jornada, comentó también que nunca solicitó ninguna ayuda y que sin embargo hay facturas y escritos a su nombre. El hombre, explicó que durante el 2003 trabajaba en un lavadero de autos perteneciente a Ariel Acuña, otro de los proveedores estatales de la época que se investiga. Según Albarracín, su jefe, le solicitó a él y a su compañero de trabajo los documentos de identidad, sin especificar para qué los necesitaba.