La operadora china Zijin, que había adquirido el proyecto litífero Tres Quebradas a la canadiense Neo Lithium, por 770 millones de dólares, fue denunciada por la Dirección General de Aduanas (DGA) por sobrefacturar importaciones en maquinarias e insumos destinados a la explotación de litio.
“Esto surge de una serie de controles primarios que se realizan en la medida de nuestra competencia a nivel provincial”, comenzó diciendo el ministro de Minería, Marcelo Murúa, en diálogo con Radio El Esquiú 95.3. Seguidamente, aclaró que es competencia de la aduana controlar las importaciones y exportaciones.
El ministro puso en relieve que los trabajos de control que le compete al organismo provincial están relacionados al cumplimiento de las normativas con respecto al personal catamarqueño que se emplea, como así también la participación de proveedores locales contratados por las empresas.
Sin embargo, según indicó el ministró, a fines de mayo presentaron una nota a la Secretaría de Minería de la Nación solicitando que se realice un mayor desagregado a los elementos que importaba la empresa Zijin. “Por dos motivos, uno de ellos por la restricción externa que tiene el país con respecto de incorporar importaciones que no sean necesarias, menos aun si están hechas en valores que no corresponden. Y por otro lado es evitar las importaciones defendiendo, mediante nuestras herramientas, que se contraten más proveedores locales o nacionales”, dijo el responsable de la cartera minera. 
Luego, Murúa destacó que tras la nota enviada solicitando mayores controles a la Secretaría de Minería y, por su intermedio, a los organismos del Ministerio de Economía que tiene las facultades para realizar estas acciones, es que surgieron estos controles exhaustivos que realiza la aduana. “Nosotros estamos involucrados en los controles, consultando a las cámaras de proveedores los trabajos que se llevan delante de forma semanal, para saber cuál es la participación de actores tanto catamarqueños como nacionales  con el objetivo que su participación sea mayor”, apuntó el funcionario. 
En cuanto a las obligaciones mineras, Murúa resaltó que las empresas tiene un permiso de declaración de impacto ambiental articulando una serie de normativas que deben cumplir. En caso contrario, las empresas son apercibidas o bien, se las suspenden. “Eso sucedió con esta empresa a fines de noviembre del año pasado, cuyas actividades tuvieron que suspenderse por algunos incumplimientos”, recordó. La empresa reactivó sus funciones luego de presentar un plan de adecuación y ajuste reencauzando sus actividades en función a las obligaciones que debe cumplir.