A través de una ley, es decir, para que perdure en el tiempo más allá de las gestiones, el Gobierno apunta a crear un fondo cuyos recursos financieros sean destinados específicamente para el pago de recompensas que buscan echar luz en hechos delictivos o dar con los autores del mismo. La iniciativa, que ya fue enviada a la Cámara de Diputados, contempla que los recursos de este “Fondo Permanente de Recompensas” estén constituidos hasta el equivalente de 2 millones de Unidades Tributarias (UT). En este sentido, la Ley Impositiva fijó en $15 cada UT y traducido implican unos 30 millones de pesos.

El objetivo es “solventar las recompensas ofrecidas públicamente a aquellas personas que aporten datos, informes, testimonios, documentación y todo elemento o referencia fehaciente, con el fin de contribuir al esclarecimiento de hechos dolosos o a la individualización de sus autores, cómplices, encubridores o instigadores prófugos de la justicia”.

A la vez, reseña que esos recursos darán la posibilidad “de ofrecer compensaciones dinerarias a aquellas personas que puedan brindar datos útiles para lograr el esclarecimiento de hechos delictivos en Catamarca”. Para el Gobierno, “muchas veces es necesario fortalecer las medidas procedimentales para el esclarecimiento de hechos que implican una gravedad social y en los cuales se vislumbran dificultades para obtener información útil”. Por ello, se “amerita el ofrecimiento de una recompensa dineraria” que sea acorde “a la información proporcionada”. 

Además, el proyecto explica que el Fondo, por sus características, impone “el secreto de su trámite con el objeto de preservar la identidad de las personas que brinden datos útiles para obtener la libertad de la víctima, preservar su identidad física o lograr la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en los delitos”.
En la letra fina, es decir en el articulado del proyecto, se propone que el Fondo sea constituido “en hasta la suma equivalente en pesos a dos millones de Unidades Tributarias”, monto que podrá ser actualizado por el área que esté a cargo -la autoridad de aplicación- la cual será designada por el Ejecutivo provincial. La iniciativa también establece cómo será el procedimiento. Para el caso, la recompensa será gestionada por el área que designe el Gobierno, por requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público (Fiscalía).  

El ofrecimiento de recompensa debe ser mediante una resolución fundada en donde se indique el expediente penal, juzgado, cámara, fiscalía y secretaría interviniente. También debe contar con una síntesis del hecho por el cual se busca información, el dinero ofrecido para ello y las condiciones de su entrega. ¿Y el monto? En la iniciativa no precisa cuánto se pagará como recompensa, aunque explica que “se merituarán las circunstancias de hecho en las que se cometió el delito, su complejidad, su gravedad social o institucional y las dificultades para la obtención de información útil”.

Aparte, precisa que la recompensa podrá ser destinada a una o varias personas mayores de edad. En el caso de que sean dos o más personas las que aporten la información, el monto será distribuido en función de la utilidad y relevancia de los datos. Eso sí, quedan fuera del beneficio funcionarios, “empleados públicos y/o personal de las fuerzas armadas o de seguridad”.