En lo que representará un significativo e histórico cambio para los argentinos a la hora de ir a votar, se sancionó ayer el proyecto de ley de Boleta Única de Papel, que el Gobierno apunta a implementar de inmediato en las elecciones legislativas del próximo año. La votación resultó con 143 votos afirmativos, 87 negativos y 5 abstenciones. 

A favor votaron el oficialismo, sus aliados y todos los bloques de la oposición dialoguista (UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Innovación Federal, entre otros). Los votos en contra fueron de Unión por la Patria, con una única excepción. Las abstenciones correspondieron al Frente de Izquierda.

Luego de más de dos años de la media sanción -que en ese 8 de junio de 2022 fue votada por el ahora presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel– la Cámara de Diputados aprobó definitivamente el proyecto, con los cambios que le fueron incorporados en el Senado. 

La BUP, que desplazará a la tradicional boleta partidaria, contendrá toda la oferta electoral nacional en una misma papeleta. De acuerdo a las modificaciones de la cámara revisora, se cambió el modelo cordobés por el mendocino (provincias donde ya se aplica esta herramienta), con los cargos a elegir en filas horizontales y las agrupaciones políticas ordenadas verticalmente. 

Con la necesidad de lograr el apoyo de partidos provinciales, en el Senado se eliminó la posibilidad de que la boleta contenga un casillero en blanco con la opción de votar lista completa, algo que dejó disconforme a un sector de la oposición en Diputados, como la UCR y miembros de Encuentro Federal. En el debate, algunos legisladores lamentaron esta modificación y anticiparon que impulsarán un proyecto aparte para incorporarlo. 

Desde la media sanción de hace más de dos años, la iniciativa había permanecido congelada en el Senado durante el gobierno anterior, por la posición en contra del peronismo. Pero este año fue reflotada por La Libertad Avanza, que tuvo un primer intento frustrado durante las sesiones extraordinarias del verano. 

Iniciado el segundo semestre, el Gobierno retomó las negociaciones en la Cámara alta y consiguió la mayoría necesaria para aprobar el proyecto y devolverlo a Diputados a tiempo como para implementar el cambio en los comicios de 2025.