Mientras se aguarda que se dé la reunión entre los gremios estatales con el Gobierno de Catamarca por el pedido de un bono de fin de año, al Poder Ejecutivo que conduce el gobernador Raúl Jalil se le abrió otro frente a partir de la nota presentada por la intersindical docente integrada por Ateca, Sadop y Sidca.
En una nota enviada a los ministros Dalmacio Mera (Educación) y Verónica Soria (Trabajo), los secretarios generales Alejandra Rosales (Ateca), Claudia Besada (Sadop) y Sergio Guillamondegui (Sidca) solicitaron “urgente ser convocados a una paritaria pedagógica y salarial”.
En la nota, desde la intersindical, sostienen que el pedido nace en defensa de los derechos laborales de sus afiliados y en vistas de no haber sido convocados para “abordar diferentes temáticas pedagógicas que nos preocupan, las cuales están pendientes y que hasta la fecha no han sido tratadas y tampoco resueltas”. 
Seguidamente, a modo de ejemplo, los gremios docentes mencionan entre esas temáticas lo que refiere a la regularización del servicio de internet en toda la provincia. Respecto a la afectación de supervisores, plantean cómo será la selección e implementación, así también la cantidad de supervisores que necesita cada nivel.
Siguiendo con el tema de los supervisores piden que, hasta tanto se haga la selección, se convoque a los gremios para participar de la confección de requisitos y/o bases de concurso.  
A esto le suman que quieren saber cuándo estarán ubicados todos los docentes titulares en disponibilidad y piden un concurso de traslado de titulares y que se articule con recursos humanos para proceder al cambio de situación de revista de suplentes e interinos sobre jubilaciones u otras. 
Siguiendo con el pedido de temas a abordar, los tres gremios firmantes solicitan aplicar sanciones a los presidentes de asambleas de cabeceras departamentales del interior cuando incurran en incumplimientos a la normativa. 
En referencia a las altas, la intersindical indica: “Tenemos conocimiento por nuestros afiliados de que existirían más de 300 personas cuyos expedientes fueron devueltos sin darles el alta respectiva, por lo que necesitamos que se les dé una solución y saber cuáles son las causales de el no pago, ya que han prestado el servicio conforme las designaciones que obran en los expedientes”.
Sobre los fondos girados de programas nacionales a la provincia, se solicita que “se explique y aclare cómo fueron ejecutados presupuestariamente los fondos” y que “informen en qué se invirtieron esas partidas presupuestarias y cómo se realizó la rendición de los programas ante las autoridades competentes”.
Finalmente, Sadop, Ateca y Sidca destacan que “el Ministerio de Educación, así también el Ministerio de Trabajo, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales acordadas”.