Club Social rechazó su “intervención” pidiendo la nulidad a una resolución de Personería Jurídica

martes, 23 de abril de 2024 01:53
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El presidente del Club Social 25 de Agosto, Arturo Navarro, rechazó la “intervención” en los hechos de la entidad y presentó ayer un pedido para que se declare como nula la designación de la Comisión Normalizadora. En ese documento, el profesional del derecho sostiene que existen “irregularidades” en la resolución y asegura que la Inspección General de Personas Jurídicas no tiene “competencia” para declarar el procedimiento.

En el escrito, Navarro indica que el director de Inspección “no posee la competencia para intervenir y que, basándose en el Decreto-Ley Nº 3816, quien debería tomar cartas en el asunto es el mismo Gobernador de la Provincia o un juez, en caso de procurar el resguardo del interés público”. También remarca que el funcionario en cuestión se atribuyó facultades que demuestran un “abuso de autoridad y de derecho”.

Navarro sostiene que dictó una resolución sin dar la posibilidad a los miembros de ejercer su derecho a la defensa y menciona que hasta el momento se desconocen la información que contienen los expedientes presentados para la solicitud de la Comisión Normalizadora. 

En tanto, el presidente deslizó que la Comisión Directiva del club reconoció al integrante que activó la denuncia contra la conducción de la entidad y aclaró que esta persona “carece” de requisitos para ser socio, ya que no paga la cuota desde julio de 2022. A la vez, menciona que se trata del expropiertario del bar Caravati y que era socio del empresario Esteban Cano.

En otra parte del documento, Navarro se refirió a las acusaciones que jactan de que en el Club Social se dieron situaciones de hostigamiento, juego clandestino y abuso. Sobre este eje, afirmó que se desconocen los motivos de la denuncia y el denunciante, por lo que se posiciona en una situación de “indefenso”, ya que no puede ejercer su derecho. Incluso acusó al director de Inspección de estar del lado de un empresario “que no puede justificar el volumen de sus inversiones, que evade al Fisco Nacional, Provincial y Municipal, que tiene los empleados indebidamente registrados, que desde agosto de 2023 ha dejado de pagar alquileres al club y sigue ocupando indebidamente sus instalaciones, facturando más de 50 millones de pesos mensuales, es decir, a la fecha facturó más de 500 millones en su situación de “ocupa”.

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