DIPUTADOS
Media sanción al Régimen de Formación y Capacitación continua de la Policía y Servicio Penitenciario
En el marco de sesiones extraordinarias de la Cámara baja, los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto enviado por El Ejecutivo.
Esta mañana, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre el Régimen de Formación y Capacitación continua de la Policía y Servicio Penitenciario.
El miembro informante, fue el diputado oficialista Gustavo Aguirre quien destacó la evolución que tuvo el proceso de formación de las Fuerzas de Seguridad de la provincia en los distintos Gobiernos.
“Creo que hubo un avance por lo menos en la intención de formar cuadros de seguridad apegados a las normas, respetuoso del sistema institucional, democrático y capacitado para resguardar las libertades individuales y la paz social”, fundamentó. “Creo que el punto más importante que plantea este proyecto es que, a partir de esta ley, para ser policía en cualquier rango se necesitan por lo menos dos años de formación, y ese es el salto cualitativo que se está planteando. Es fundamental una Fuerza de Seguridad profesional, jerarquizada y respetuosa de todas las normativas”, destacó.
El legislador Enrique Cesarini del Pro, destacó el trabajo realizado en la comisión de Legislación General y el acompañamiento de los distintos bloques que permitieron que “hoy estemos tratando el proyecto sobre tablas”. “Esta iniciativa claramente va a mejorar el desempeño del personal dotando a agentes de la idoneidad para el desempeño de sus funciones”, remarcó.
Por su parte, el diputado radical, Tiago Puente, precisó que “queda inhabilitado para el ejercicio de la función todo ciudadano/a que haya sido condenado a pena privativa de la libertad aunque el cumplimiento sea en suspenso y/o inhabilitación en primera instancia y confirmada la sentencia en segunda instancia, por la comisión de los siguientes delitos: violencia familiar e intrafamiliar, institucional, género, contra la administración pública, corrupción y conductas incompatible con el comportamiento ético”.