El jueves 13 de mayo de 2022, los agentes de las Brigadas Civiles de la Policía de Córdoba coparon Galería Norte, en el Centro de la ciudad de Córdoba, y un domicilio de Villa Esquiú, en la periferia capitalina. Allí encontraron un "laboratorio" para desbloquear iPhone robados. La investigación liderada por la fiscal Silvana Fernández buscaba seguir la pista de un teléfono de alta gama que días antes había sido robado a una joven mientras bailaba en un boliche de la zona del ex-Chateau Carreras. 

En esos meses la fenomenal industrial del robo de celulares en la noche cordobesa había generado mucho ruido social. Los medios de prensa habían revelado cómo grupos de delincuentes simulaban ser clientes de recintos bailables, pero en realidad sólo iban para sustraer teléfonos de alta gama a los que bailaban. Esto había obligado a los jóvenes a cambiar sus rutinas.

Hace años que nadie desconoce en Córdoba que en la Galería Norte y en otros paseos comerciales de la misma zona céntrica, entre los locales legales se mimetizan "pantallas" para "reducir" aparatos electrónicos robados. Un circuito que tuvo durante mucho tiempo a Raúl "el Gordo Otto" Cortez como un referente clave hasta 2019, cuando murió alcanzado por un balazo policial. 

En un operativo de fines de mayo terminó con un sólo detenido, el joven de Villa Esquiú acusado de haber montado un "laboratorio" para desbloquear iPhone, una especialidad delictiva que pocos habían desarrollado hasta entonces.

Todo quedó en la foto del procedimiento, con los cientos de aparatos secuestrados. Pero a partir de entonces comenzó a escribirse una historia silenciosa que este martes explotó con uno de los escándalos más graves dentro de la Policía en las últimas décadas: la detención del principal subjefe de la fuerza, el comisario general Alejandro Mercado.

En noviembre de 2023, el acusado por el "laboratorio" de Villa Esquiú llegó a la Cámara 8 del Crimen y levantó la mano. Le pidió al fiscal Hugo Almirón un juicio abreviado, a lo que le respondieron no menos de cinco años de condena. Ante esto, el detenido ofreció "colaborar" para intentar bajar la pena. Dijo que a él lo habían utilizado una banda conformada por comerciantes inescrupulosos de la Galería Norte y la Galería Comercial, que tenían a un jefe policial como miembro clave. 

En esos locales, contó, recibían los aparatos robados y se lo daban a él para que los desbloqueara. Luego, los reintroducían en el mercado. Además, allí también compraban y vendían dólares, y recibían neumáticos traídos de contrabando desde Paraguay, según denunció. Una "cueva" todoterreno.

Dijo que ese mismo comisario que estaba en connivencia con lo que él creía que eran sus cómplices fue el que lo había detenido en mayo de 2022. Po eso, agregó, sentía ahora que lo habían utilizado como pieza de cambio. Un "perejil" dentro de un juego millonario. En síntesis, le dijo al fiscal que la propia banda lo había entregado ante la necesidad de este jefe policial de presentar un operativo "positivo".

Se trataba del entonces jefe de las Brigadas Civiles, el comisario Cristian Cabrera, también detenido este miércoles.  Las Brigadas Civiles cumplen un rol clave dentro del organigrama de la Policía de Córdoba. Con base en las unidades judiciales, se encargan de investigar y ejecutar los allanamientos ante las denuncias de robos. Deben perseguir, entre varios delitos, la ruta oculta de los celulares y los neumáticos robados.

Cabrera, dijo el preso, estaba en ambos lados del mostrador: jefe de las Brigadas Civiles y miembro de la banda que "reducía" celulares robados en los locales de las galerías Norte y Comercial. Las Brigadas Civiles dependen jerárquicamente de la Dirección General de Investigaciones Criminales, el área que Mercado comandó desde enero de 2017 hasta fines del año pasado, cuando el flamante ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, lo ascendió al segundo sillón de la Policía.

Al escuchar semejante confesión, el fiscal Almirón indicó que el detenido debía, antes de acordar el juicio abreviado, denunciar todo ante el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Por una competencia especial, este funcionario judicial investiga, entre otros delitos, la impresionante proliferación de celulares adentro de las cárceles, el denominado "call center tumbero" que llevó a otro escándalo a fines del año pasado, cuando fue detenido el jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier. 

Con la sospecha de que los celulares robados podrían integrar este circuito ilegal, todo recayó en esta fiscalía. Gavier y su equipo escucharon con atención al preso y tomaron nota. Semanas después, le indicaron a Almirón que podía avanzar en el acuerdo de juicio abreviado. Pero no dieron más detalles. Se bajó una orden expresa de que ningún dato podía filtrarse. El detenido finalmente recibió tres años de pena y logró la libertad.

En Jefatura se ignoraba por completo lo que se estaba investigando. No obstante, Cabrera fue licenciado meses atrás, en circunstancias que nunca terminaron por aclararse. No se trata del único jefe policial que de un día para el otro quedó en el "freezer" sin que se escucharan explicaciones concretas.

Así, descubrieron otra pata impensada, que llevó a otra detención de peso este martes: el empleado judicial Juan José Corzo, que ahora estaba en la fiscalía de Distrito 1 Turno 2 pero que antes había trabajado junto a Cabrera en la unidad judicial 12. Allí, se sospecha que fraguaban denuncias de autos robados para defraudar a las compañías de seguro, según se sostiene en la investigación.

Además, los investigadores llegaron a otra policía de Investigaciones Criminales, la subcomisaria Verónica Aguilar, quien estaba trabajando en la comisaría de Saldán y también fue capturada.

Ese procedimiento de hace más de dos años resultó ser el inicio de una investigación que en las últimas horas detonó otro escándalo en la Policía provincial, el cual ahora tiene tras las rejas al ex subjefe, Alejandro Mercado, su mano derecha, el comisario Cristian Cabrera, la subcomisario Verónica Aguilar y un empleado judicial identificado como Juan José Corzo. Además cayeron los Monge, una familia que manejaba el mercado de celulares desde un local de la Galería Norte.

Los más de 10 millones de pesos recuperados en celulares robados en recitales y boliches quedaron solo en una foto de operativo exitoso y la entrevista de Cabrera, quien en la actualidad estaba de licencia aunque nunca se conoció bien el motivo.

El “hacker” detenido en mayo de 2022 fue a juicio abreviado y en su declaración intentó reducir la pena lo más posible. En ese afán, reveló que había sido contratado de un local de la Galería Norte para desbloquear los celulares. El local pertenecía al clan Monge.

Durante la exhaustiva investigación también aparecieron los actores ya mencionados, que son parte fundamental de la asociación. Entre ellos el hasta ayer subjefe Mercado, una subcomisario de apellido Aguilar y el empleado judicial Corzo. A la par se demostró la responsabilidad de la familia Monge: “Coquito” y sus hijos Maciel Adrián, Roger Emmanuel y Fiorella del Valle.

El cimbronazo que desató la noticia este martes en Córdoba promete más en las próximas jornadas. Incluso desde la fiscalía de Gavier admitieron que podrían agravar las imputaciones de la ahora ex cúpula policial a medida que se establezcan con precisión los roles que cada uno ejercía dentro de la organización.