Un supermercado de la localidad cordobesa de Marcos Juárez, fue condenado por la jueza en lo Civil y Comercial, Elisa Molina Torres, a cargo del juzgado de Bell Ville, a pagar una suma de 200 mil pesos, cifra que se acercaría a los 2 millones de pesos si se le suman sus intereses en concepto de “daño punitivo”, por “daños morales y psicológicos” en contra de un cliente.

El incidente sucedió hace tres años, cuando Alejandro se encontraba en un supermercado del lugar, que acababa de abrir. El hombre se encontraba realizando las compras junto a su mujer y su hija cerca del mediodía, momento en que el lugar estaba colmado de clientes.

Al momento de retirarse, tras pasar por la caja, las alarmas que suelen alertar que hay un producto que no fue pagado comenzaron a sonar. Inmediatamente, según contó Catriel Magarello, abogado de la víctima, a Cadena 3, los guardias lo “taclearon” y lo trataron de “forma indebida”.

“Empezaron a sacarle todos los productos, se llamó al cliente y se lo llevó a un lugar reservado, donde pasaron todos los productos, porque era posible que el lector no haya ‘quemado’ alguno de los códigos de los productos”, comentó Magarello.

Durante el procedimiento detectaron que había un desodorante de $20,40 que no aparecía como abonado.

“Le dicen que no se lo puede llevar, que lo tiene que pagar, ante la mirada de casi todo Marcos Juárez”, agregó.

A pesar de que no aparecía como abonado, la cajera aseguraba a los guardias que el cliente sí había pagado el desodorante, pero, según el abogado, “el empleado, a los gritos, le decía que podía dejarlo o debía pagarlo de nuevo”.

“Mi cliente lo volvió a pagar y se fue a la casa con vergüenza por tamaña acusación de robo. Más tarde, con más tranquilidad, se dio cuenta que el producto aparecía en el ticket, y, por ende, lo había abonado, pero no le habían quemado el código de barras”, reveló el abogado.

Una vez realizada la denuncia, la empresa le ofreció un resarcimiento de 50 mil pesos, sin embargo, ahora la empresa debió resarcir al hombre con una suma que, con intereses añadidos, alcanza casi los $ 2 millones.

La sentencia señaló que “la finalidad de la multa es compeler a la empresa a implementar las medidas adecuadas para que no se reiteren hechos dañosos en el fututo”.

Luego de determinar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la magistrada consideró que los dependientes del supermercado que intervinieron en el hecho no actuaron con la discreción, prudencia y reserva que merecía el caso, sumado a que el incidente ocurrió en una hora pico de concurrencia de público en una ciudad en la que los damnificados eran conocidos.