El escándalo por el cobro del IFE por parte de concejales y funcionarios de Salta sigue dando que hablar. La causa se encuentra ahora en manos de la Justicia Federal y se espera que avance para saber a ciencia cierta qué sucedió. 

En mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta tomó intervención a raíz de la publicación en la que se mencionó que el concejal de Guachipas, Héctor Cari, habría cobrado personalmente el beneficio nacional conocido como IFE. Al advertir tal situación, se dispuso la intervención de oficio y se logró determinar que efectivamente el edil había accedido a tal subsidio.

La causa está a cargo del fiscal federal Toranzos, en diálogo con Multivisión dijo que pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión. “La causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión”, sostuvo.

Toranzos agregó que la Justicia Federal pudo obtener información digital de las personas que se inscribieron y solicitaron el IFE. “Tenemos 53 casos sospechosos y pudimos discriminar tres grupos: los que pidieron y los rechazaron; aquellos que les aprobaron y no cobraron y los que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron”. Agregó que se busca determinar el lugar físico desde donde se realizó el pedido.  “Por eso estamos buscando el IP para hacer un seguimiento, verificando el espacio físico desde donde se hizo, donde se cobró, a qué hora y en qué lugar”, sostuvo el fiscal.