Un grupo de habitantes originarios de la zona de Tartagal llegó ayer hasta las puertas de la Ciudad Judicial, impidiendo la entrada y salida de personas, para exigir que el juez Aramayo disponga la entrega inmediata de la ayuda solidaria destinada a las comunidades, robada por la concejal Paola Alejandra Díaz y su hermana Rosa Fabiola Díaz, también funcionaria.

El escándalo se disparó a raíz de una denuncia de la hermana mayor de ambas, Sandra Díaz, quien acusó a las otras dos la semana pasada, de estar vendiendo desde hace tiempo una gran cantidad de mercadería que llegó al norte con destino a las comunidades originarias.

Una vez que la Justicia tomó nota de la situación abrió una causa y el juez Aramayo dispuso que se allane el domicilio de las acusadas, que al mismo tiempo quedaron imputadas en la causa.

Efectivamente, del domicilio allanado personal policial secuestró una gran cantidad de bultos, que se asume era parte de la mercadería destinada a las comunidades aborígenes del Chaco salteño.

Fuente: El Tribuno