Salta: Condenaron a 6 gendarmes que pedían coimas

viernes, 19 de febrero de 2021 11:04
viernes, 19 de febrero de 2021 11:04

Seis gendarmes y miembros de su entorno fueron condenados en Salta a penas de entre 8 y 12 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, que los halló culpables de formar parte de una organización que cobraba coimas a empresas que trasladaban a comerciantes para realizar tours de compras.

Los agentes, que prestaban servicio en la patrulla fija Las Lajitas, fueron apresados por personal de las Unidades de Investigación Judicial de Salta y Tucumán, luego de que se comprobara que no realizaban controles a los ómnibus que transportaban mercadería de contrabando.

Para detener a los gendarmes, un agente de civil le pagó a la coordinadora de uno de los tours, quien efectuaba la maniobra fraudulenta, con dinero previamente marcado por la fiscalía federal N°2.

Según voceros del Ministerio Público de Salta, la principal condena recayó sobre Ricardo Antonio Gil, oficial de la Gendarmería Nacional del Escuadrón 45, quien fue sentenciado a 12 años de prisión por resultar autor del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe y organizador.

Asimismo, la Justicia dispuso que Gil reciba una inhabilitación perpetua para ejercer sus funciones en la fuerza y que pague una multa de 777.082 pesos, tal como había solicitado en sus alegatos el fiscal general Carlos Amad.

También por el delito de asociación ilícita, pero en calidad de “miembro”, en concurso real con concusión, el tribunal condenó a los y las gendarmes Federico Andrés Báez, María Cristina Luján y Guillermo Damián Tillería a la pena de diez años de prisión, mientras que Sofía Yanina Suárez recibió ocho años por los mismos delitos.

Por otra parte, y también a pedido de la fiscalía, los jueces condenaron al subalférez Roque Gonzalo Luján a ocho meses de prisión condicional e inhabilitación por dos años para desempeñarse como funcionario público, por ser considerado autor del delito de violación de secreto, en grado de tentativa.

Al igual que Gil, y con excepción de Suárez, los otros gendarmes condenados fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos y deberán afrontar el mismo monto de multa.

Un séptimo integrante de esa fuerza, identificado como Roberto Juan Bautista, resultó absuelto por el beneficio de la duda. El fiscal señaló que los integrantes de esta organización solían interceptar los vehículos o colectivos de los distintos tours de compras, y en función de la carga que llevaban establecían el monto en dinero u otra dádiva.

En otro tramo del veredicto, los jueces resolvieron condenar a dos años de prisión condicional por el delito de encubrimiento, en calidad de autor, a Gisel Paola Gil, hermana del principal condenado. La misma pena le recayó a Leonardo Torres, pareja de Luján; Emanuel Fernando Cruz, cabo del Servicio Penitenciario de la provincia; y Adela Fleita, madre de los hermanos Gil.

Amad indicó que, tanto Gisel Gil como su madre, conocían las maniobras desplegadas por el oficial condenado, y precisó que Fleita, incluso, administraba y coordinaba el dinero que le enviaba su hijo.

Sobre Cruz y Torres, parejas de Suárez y Luján respectivamente, la fiscalía sostuvo que no solo estaban al tanto del accionar ilícito, sino que también incentivaban la continuación de la actividad delictiva desplegadas por la organización.

Finalmente, y además de imponer reglas de conducta a los acusados que recibieron penas de ejecución condicional, el tribunal ordenó el decomiso de diez teléfonos celulares, una computadora, una bicicleta, dos aires acondicionados portátiles, un secarropa, dos consolas de juego, un horno microondas, un televisor led de 55 pulgadas, un monitor led de 21,5 pulgadas, una impresora, una heladera, una motocicleta de 250 centímetros cúbicos y un automóvil Renault Megane.

A ello se agregó la suma de $ 388.541, dinero que, al igual que los bienes ya mencionados, fueron secuestrados en allanamientos realizados a lo largo de la investigación del caso, desarrollada por el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta.

El caso se inició el 27 de enero de 2017 por la Fiscalía Federal 2 y llegó a juicio el 15 de julio del año pasado, tres meses después de iniciada la pandemia, lo cual generó diversos contratiempos que fueron subsanados a partir de la aplicación de protocolos sanitarios.

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