Una monja fue rescatada del convento San Bernardo, de la capital salteña, en medio de un allanamiento ordenado por la justicia provincial por la denuncia de privación ilegítima de la libertad, después de que la religiosa manifestara a sus familiares que quería abandonar el lugar y que las autoridades le negaban esa posibilidad.

El fiscal penal número 2, Ramiro Ramos Ossorio, fue quien tomó la decisión ante esta denuncia contra las autoridades del convento San Bernardo y solicitó la orden de allanamiento, según informaron fuentes del Ministerio Público provincial.

Las actuaciones comenzaron a partir de que una monja les expresó a sus familiares, oriundos de la provincia de Mendoza, que quería abandonar el convento, pero que se le negaba la posibilidad.