Con el objeto de limitar la posibilidad de ílicitos y promover un mayor control en las llamadas telefónicas que se generan en el interior del Servicio Penitenciario Provincial, en la Cámara de Diputados de la provincia se analiza un proyecto tendiente a regular y prevenir maniobras que afecten a la comunidad en forma directa.
Concretamente, se trata del proyecto denominado “Régimen de las Comunicaciones Telefónicas de los Internos Alojados en Establecimientos Penitenciarios Provinciales”, perteneciente al legislador Luis Andraca.
Si bien las disposiciones de esta ley regularán la forma en que se lleven adelante las comunicaciones telefónicas de los internos alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, asegurando su derecho a la comunicación, se prevé establecer la forma en que se utilizarán los teléfonos públicos ubicados en dicho establecimiento, implementando un sistema de advertencias a los receptores de las llamadas, el funcionamiento de un registro de usuarios y la instalación de aparatos inhibidores de señales de teléfonos celulares.
Tras asegurar que “los derechos a las comunicaciones y a la intimidad se encuentran reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, por lo cual, el Estado debe garantizar y asegurar el respeto de los mismos”, el legislador explicó que “esta legislación debe compatibilizar su aplicación a la especial situación de los ciudadanos privados de su libertad, con las funciones específicas del Servicio Penitenciario y la seguridad del resto de la población”. Y agregó: “Catamarca no está exenta del crecimiento de la inseguridad. Indicadores oficiales y sociales marcan un crecimiento tanto en el número de delitos cometidos como en la variedad de tipos penales. Actualmente, se incrementaron las denuncias por delitos contra la propiedad, la vida, la honestidad sexual, pero también de otras modalidades delictivas tales como secuestros virtuales, intimidaciones y estafas, tipos éstos últimos que se consuman con la utilización de diversas herramientas de comunicación, como teléfonos públicos, celulares e internet”.
Asimismo, el legislador explicó que “la presente ley ayudará a reforzar las medidas de seguridad ya instaladas en el Servicio Penitenciario local, asumiendo que estamos ante nuevas formas delictivas que debemos abordar, ante el avance de la tecnología de las comunicaciones satelitales, que pueden ser utilizadas para fines ilícitos”. En consecuencia, se prevé la implementación en el Servicio Penitenciario de un registro de usuarios conforme a las condiciones que se reglamenten, pudiendo a tales efectos, instalarse cámaras de seguridad en los pabellones donde se encuentren los teléfonos públicos o bien un conmutador a cargo de personal del Servicio, a los efectos de registrar el día, la hora y la identificación de quien realice la llamada.
“Para evitar la utilización indebida de teléfonos celulares se deberán instalar en sectores específicos del establecimiento aparatos inhibidores de señales de telefonía celular. Dichos aparatos pueden ser regulados, impidiendo la realización o recepción de llamadas en los sectores de seguridad donde se encuentren alojados los penados y a su vez permitirá que los sectores administrativos cuenten con señal”, explicó Andraca.
Tras asegurar que “en el orden nacional ya se arbitraron medidas para evitar delitos bajo estas modalidades y se halla en tratamiento del Senado (ya con media sanción) un proyecto de ley de regulación de llamadas telefónicas realizadas desde establecimientos carcelarios”, el legislador aseguró que “Policía Federal Argentina elaboró y distribuyó entre los habitantes una serie de sugerencias para evitar ser víctima de secuestros virtuales. Córdoba y Santa Fe fueron las primeras en instalar mensajes de advertencia al receptor de las llamadas que las mismas son realizadas desde esos establecimientos, mientras que Mendoza cuenta con media sanción un proyecto de regulación de llamadas telefónicas realizadas desde cárceles provinciales”.