El gobierno de Chile demandó por 5.300 millones de dólares a la empresa Minera San Esteban, propietaria de la Mina San José, donde 33 mineros quedaron atrapados por más de dos meses a 700 metros de profundidad.
La demanda busca recuperar parte del costo del rescate, financiado en su mayoría por el fisco chileno y algunos aportes de empresas privadas.
Entre los costos que tuvo la Operación San Lorenzo –que se realizó entre el 12 y el 13 de octubre pasado– están los de las máquinas de sondaje, perforadoras, tubos del encamisado encargados a Argentina, los equipos de comunicaciones y los repuestos del taladro, que fueron importados desde Estados Unidos.
En paralelo, un interventor recomendó a la Minera arrendar la mina San José por 10 años para evitar la quiebra, pagar la deuda a los acreedores y cancelar los finiquitos (indemnizaciones) a los mineros.
En tanto, una colección de recuerdos del rescate, que se exhibe actualmente en la Casa de la Cultura de Copiapó, se convertirá en Museo Minero.