Dos polémicos proyectos tomaron estado parlamentario en la Cámara de Diputados, que plantean que los hijos de los funcionarios y legisladores de la provincia estudien en establecimientos escolares del sistema público y que los familiares busquen atención en los hospitales de jurisdicción estatal.
Ambas iniciativas pertenecen al diputado justicialista Oscar Brizuela, y más allá de los fundamentos esgrimidos, se apunta a generar un debate político y social que analice la realidad en la que se encuentra inmerso el sistema educativo y sanitario de la provincia, a los efectos de promover una mayor inversión y desarrollo de ambos sectores.
Tras reconocer que “seguramente se van a generar planteos de inconstitucionalidad” ante una eventual medida de esta naturaleza, el legislador provincial consideró que “si setenta personas envían a sus hijos a la escuela o al hospital público y terminan conociendo en profundidad la realidad de ambos servicios y los pueden mejorar, se terminará beneficiando toda una sociedad, y que en Catamarca son más de 350.000 personas”. “Aparte -explicó-, las escuelas privadas se encuentran subsidiadas por el Estado y las clínicas y sanatorios cuentan con mejor tecnología, pero los pobres, que son muchos, van al sistema público y por ello entendemos que debe haber una mayor inversión. Pero todo esto, surge a partir de un conocimiento real de la situación y un Gobernador, con las facultades que posee, las puede cambiar”.
De esta manera, Brizuela plantea que los actores involucrados en esta iniciativa deben ser el Gobernador, ministros, intendentes, legisladores, funcionarios, entre otros. En consecuencia, entiende que, en muchos casos, los funcionarios han manifestado “desconocimiento y desinterés” en resolver la problemática de la educación y de la salud pública, y se debe a que “no son partícipes directos” en esta situación. Tras asegurar que estos proyectos de ley tiene como finalidad impulsar un mayor compromiso de parte de las autoridades con la realidad actual del sistema educativo y de salud provincial, el diputado consideró que “la idea es plantear un debate, donde todos los actores involucrados puedan analizar y que, desde las esferas oficiales, se conozca que los hospitales carecen de insumos y tecnología, mientras que en las escuelas no hay un ventilador o los maestros no dan clases porque están enfrentados con el Ministerio de Educación”. “La idea es comprometer a los funcionarios para que reactiven las políticas públicas y asuman un compromiso ético a favor de la sociedad”, agregó.
A modo de ejemplo, Brizuela recordó que en el año 1973, en la gobernación de Hugo Mott, se dispuso que los profesionales médicos desarrollaran su actividad de manera full time. “Para ello se dispuso un buen sueldo, que era similar al de un ministro, pero los hospitales funcionaban con un nivel de excelencia. En la actualidad, funcionan por la mañana y a la tarde es difícil encontrar un médico, porque está atendiendo en su consultorio particular”.
No obstante, recordó que “la propia Evita Perón se realizó una operación en el Hospital público de Lanús. Entonces, por qué los funcionarios no pueden mandar a sus familiares al hospital San Juan Bautista y que sufran los padeceres que soporta un ciudadano cualquiera”, se preguntó.
A los efectos de fundamentar estas iniciativas, Brizuela se respaldó en su extensa experiencia como profesional. “Tengo 54 años como médico y conozco bien la realidad de los hospitales, y entiendo que con una inversión el sistema público brindaría un mejor servicio que el privado. Aparte, en los hospitales y en la escuelas el financiamiento que se destina no es gasto, sino una inversión. La educación y la salud son derechos primarios de todo habitante, reconocidos por las Constituciones Nacional y Provincial. Por ello, es que se impulsa la creación y el mantenimiento de un sistema sólido de educación pública y de un sistema gratuito de salud pública. Pero los responsables primarios y directos del sostén y funcionamiento de este sistema son los funcionarios políticos elegidos por el pueblo, que, sin embargo, envían a sus familiares a ámbitos privados para que estudien o reciban atención en materia de salud. Debe haber una decisión política de avanzar sobre una mejor calidad de los servicios públicos como la educación y la salud”, concluyó el legislador.