Juicios al sistema sanitario
Lo que deben aportar los argentinos.
Datos aportados por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), a través de los estudios elaborados con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud que se realizará entre el 1º y el 3 de setiembre en Mendoza y San Juan, revelan que cada ciudadano debe destinar, en promedio, unos 120 pesos anuales en impuestos y otras erogaciones para afrontar las demandas y amparos judiciales contra el sistema sanitario argentino.
La “industria del juicio” crece a un ritmo del 10 por ciento anual y ya le cuesta unos 4.800 millones de pesos por año a hospitales, obras sociales y prepagas.
A este gasto, que representa 10 pesos promedio por mes y por persona, se suma la presión ejercida por estudios jurídicos contra los centros de atención médica y, en especial, hacia los profesionales de la salud.
Ante ese escenario, los médicos optan por aplicar lo que en el sistema denominan “medicina defensiva”, para sortear posibles demandas futuras, y prescriben estudios y prácticas excesivas o superfluas, que incrementan aún más los costos, en detrimento de la calidad de atención de la población en general.
El “gasto encubierto de la medicina defensiva”, totalizaría unos 55 pesos por afiliado a un plan de salud, lo cual elevaría a 67 pesos por mes -unos 800 pesos anuales- el monto que los pacientes deben afrontar como consecuencia de la “judicialización” de los actos médicos.
Así, el costo de las demandas y juicios contra el sistema de salud equivaldría al 22 por ciento –más de 24.200 millones de pesos- de la inversión total del sistema, por las mayores erogaciones que genera la “medicina defensiva”.
En la actualidad casi todos los financiadores del sistema de salud enfrentan algún tipo de amparo o demanda, que reclaman la provisión de nuevas drogas o tratamientos, además de las denuncias por “mala praxis” que afectan a uno de cada cinco médicos en la Argentina.
Los pacientes cuentan, en general, con el beneficio de litigar sin gastos, por lo que muchos estudios jurídicos los inducen a presentar demandas, la mayoría de las cuales finalmente no prosperan, pero igual generan un costo muy alto al sistema sanitario.